Un grupo de padres, patrocinados por la Defensoría Oficial porteña presentó un recurso de amparo para oponorse a la suspensión de las clases presenciales dictaminado por el Gobierno nacional pero fue rechazado «in limine» por la jueza administrativa Romina Tesone.
La decisión de la magistrada es la primera adversa para quienes se oponen a la suspensión de las clases presenciales por 15 días dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de contener la «segunda ola» de contagios de coronavirus, entre los que se encuentra el propio Gobierno de la Ciudad.
«Rechazar in limine el amparo incoado con relación a la pretensión consistente en que ordene al Gobierno local defender la Autonomía de la Ciudad», determinó la jueza.
La medida rechazada por Tesone requería ordenan al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que declarara inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DN) 241/21 por el que se instaura las clases virtuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a partir del próximo lunes.
La jueza se declaró incompetente para decidir la constitucionalidad del DNU y alegó que el Gobierno porteño ya acudió a la Corte Suprema para que se expida sobre el asunto.
Asimismo, remarcó que la procuradora de la Corte Suprema, Laura Monti, ya dio dictamen favorable a que el máximo órgano de Justicia se expida sobre el asunto.
Para Tesone, la solicitud de los padres «debe ser desestimada en tanto importaría el impulso por su parte de dos causas con el mismo objeto ante distintos órganos judiciales –teniendo conocimiento pleno de la existencia del litigio ya iniciado- lo que controvierte el principio de litispendencia».
