Por Nicolás Menna Lambertucci
Rosario se encamina a un año récord de crímenes producto de la violencia armada. A diario se suceden balaceras y ataques intimidatorios a domicilios comercios y hasta a edificios públicos, en una ciudad donde los hechos de inseguridad ya no distinguen horarios ni barrios. El departamento superó los 220 asesinatos en lo que va de 2022.
En ese marco, hace poco el gobierno municipal puso en marcha el nuevo sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito, más conocido como fotomultas. Con una inversión estatal de 2.650 millones de pesos, el esquema comprende setenta puntos fijos y cuatro móviles.
Según lo anunciado oficialmente, habrá 35 dispositivos controlando los semáforos en rojo, quince para detectar excesos de velocidad, diez para supervisar invasión de ciclovías, cinco destinados a la intromisión en carriles exclusivos, cinco para giro indebido y dos móviles para estacionamiento fuera de lugar. El sistema se encuentra culminando la etapa de prueba.
La iniciativa cosechó críticas de los ciudadanos, que la consideraron una herramienta con afanes meramente recaudatorios. Una medida que buscaría vaciar -todavía más- los bolsillos de los rosarinos, ya arrasados por la inflación, que no es vista con buenos ojos precisamente por el panorama de violencia urbana descrito más arriba. La demanda central de la ciudadanía es la seguridad.
Por lo tanto, parece pertinente preguntarse cuál es la inversión concreta que la gestión Javkin realizó en tecnologías que atañen al resguardo colectivo, concretamente en cámaras de videovigilancia. La ordenanza para la puesta en marcha de un sistema de cámaras de seguridad rige en la ciudad desde hace tiempo. Pero, ¿ qué hay de su implementación?
El atentado contra los Tribunales Federales, de calle Oroño y Rioja, perpetrado esta semana, desnudó, sino la escasez de aparatos, al menos la ineficacia de los existentes. Un hombre llegó caminando hasta el edificio, desenfundó un arma y disparó contra la garita de seguridad al menos una vez. En palabras del fiscal Arzubi Calvo, el tirador se fue, también, a pie.
Las cámaras de videovigilancia- emplazadas en esa zona, una de las más transitadas de Rosario- lo captaron hasta Córdoba. Por ahora, no hay más registros del autor del violento episodio porque una arboleda a la altura de esa arteria lo tapa y se pierde el rastro, con lo cual se desconoce si actuó solo o si algún (o algunos) cómplices lo esperaban.
¿Fotomultas versus cámaras de videovigilancia?
Desde el Gobierno municipal, expresaron a este medio que el sistema de fotomultas está ligado a la seguridad ciudadana, a través de la posibilidad de identificar vehículos buscados por la Justicia. No obstante, insistieron en que la problemática de la violencia en el territorio es responsabilidad del Gobierno provincial.
“Si bien el objetivo es la detección de las infracciones», reconoció el secretario de Modernización y Cercanía, Germán Giró, «el sistema de fotomultas cuenta con una tecnología de detección de patentes». En ese sentido, remarcó que el Ejecutivo local dialoga con representantes del Ministerio de Seguridad para trabajar de manera conjunta. De todos modos, dio pocas precisiones acerca de cuál será el modus operandi de esa labor en común.
«Estamos en conversaciones muy avanzadas con el Ministerio de Seguridad para poner a disposición el sistema para que esas patentes verificadas puedan ser enviadas a la cartera, ya que es quien tiene la potestad de identificar si tienen o no pedido de captura. Además, todas las infracciones que se van generando, generan, a su vez, imágenes que se ponen a disposición tanto del Ministerio de Seguridad como del Ministerio Público de la Acusación (MPA)”.
En esa línea, el funcionario destacó que “Rosario no tiene policía». Sobre ese punto profundizó que «quien puede hacer un uso adecuado desde el punto de vista preventivo con una red extendida de videocámaras son aquellas órbitas del Estado con poder policía, como el gobierno de Santa Fe, o la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su autonomía». De ahí que insistió en el trabajo mancomunado con el Ministerio que lidera Rubén Rimoldi.
Hasta acá, el relato de Giró replica uno de los caballitos de batalla discursivos del intendente Pablo Javkin: la necesidad de avanzar con la autonomía municipal para tener injerencia en el combate de la inseguridad. Sin embargo, sin medias tintas, el representanta de la Intendencia resaltó que “hoy la problemática de seguridad no es una competencia del municipio», aunque puso de relieve que se precisa una articulación de los distintos niveles del Estado para encaminar soluciones.
Tras ser consultado acerca de las críticas al sistema de fotomultas en una ciudad tomada por las balas, expresó: “Entendemos que nadie le gusta que le hagan una multa», e insistió en el aporte del flamante modelo a la seguridad ciudadana.
La realidad del sistema de cámaras
Hoy la ciudad cuenta con 180 kilómetros de fibra óptica, propia del municipio, que abastece a varios servicios, tanto de interconexión de los edificios públicos, como a las cámaras de videovigilancia. En total, hay 153 cámaras, más 73 en estaciones de Mi bici Tu bici y doce adicionales en las de Metrobus.
El secretario de Modernización y Cercanía señaló que la gestión actual se encontró con algunas dificultades de funcionamiento de los aparatos- heredadas de la administración anterior-, que fueron resueltas, e indicó que en la actualidad todas operan correctamente e interactúan con una red de 770 cámaras de provincia. En total, según Giró, hay entre 920 y 940 de estos equipos en funcionamiento, entre el centro de monitoreo municipal y las del ámbito provincial.
“Otros sistemas vinculados son el de visualizaciones de flotas, tanto en taxis como en colectivos, con esquemas de botones de pánico y también interactuamos con el 911; como así también las alarmas comunitarias, que suman 318 que al comienzo de la gestión estaban en un nivel de funcionamiento bastante bajo y se las puso en valor con una inversión cercana a los 2 millones de pesos”, añadió el funcionario para sumar porotos a la administración del radical al frente del Palacio de los Leones.
Entonces, ¿fotomultas más cámaras de videovigilancia?
Durante toda la charla con Rosario Nuestro, Giró enfatizó en el aporte que representa el nuevo modelo de infracciones, que costó 2.650 millones de pesos, a la seguridad pública, por su capacidad de identificar rodados buscados por la Justicia.
Sin embargo, no resulta descabellado plantear -siempre conscientes de las competencias de la Intendencia en la materia-, en qué otras herramientas para cuidar a los rosarinos hubiese podido invertir la Municipalidad esa millonaria cifra que volcó a la tecnología de detección de infracciones de tránsito.
Así las cosas, ¿ cuántas cámaras de videovigilancia hubiese podido comprar el Ejecutivo municipal con esa suma?
Si se toma como ejemplo una cámara fija Bosch nbe 4502, que cuesta 650 dólares, se hubiesen podido adquirir más de 28.200 equipos. En el caso del domo de la misma marca autodome IP 500, que vale 3300 dólares, se podría haber accedido a aproximadamente 5500.
Gobernar implica tomar decisiones y asignar recursos. Hasta ahora, por los escasos detalles brindados por la Intendencia acerca del mecanismo concreto en que el sistema aportará a la seguridad, solo se sabe que los rosarinos tendrán que desembolsar dinero de unos bolsillos cada vez más vacíos, mientras intentan protegerse en la ciudad de la furia.
