Esta tarde la Cámara Federal porteña ratificó la prisión preventiva del empresario Cristóbal López y de su socio, Fabián De Sousa. Ambos están acusados de presunta evasión impositiva en el marco de la investigación por no pagar más de ocho mil millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles que la firma Oil cobró pero no transfirió a la AFIP.
La prisión preventiva presentada por los empresarios fue rechazado por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. La defensa solicitó el cese de las detenciones en que está pendiente el recurso extraordinario que plantearon sobre el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
A su vez, la situación de los condenados se complica cada vez más. El fiscal federal, Gerardo Pollicita, pidió ir a juicio oral y público en marco de esta causa, junto al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.
La acusación inició por el no pago del ITC de la firma Oil Combustibles por una millonaria suma. Según la investigación los empresarios se dedicaron de forma sistemática y constante a “llevar negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos” entre 2013 y 2015, fondos que usaron para capitalizar a otras empresas del Grupo Indalo.
No obstante, López y De Sousa fueron liberados el 16 de marzo pasado en un polémico fallo firmado por Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, que también cambió la carátula por una más favorable. La decisión generó repercusiones políticas en el Gobierno, que cuestionó a los jueces y apuntó a removerlos de la Cámara Federal. El 27 de abril la Sala 1 de la Cámara de Casación revirtió el fallo y los condenados volvieron a prisión.
