El protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) entró una vez más en la arena pública con la cesárea practicada a una niña de 12 años en Jujuy, embarazada luego de una violación.

La ILE está reglamentada en Argentina desde 2015 apoyada en un marco legal conforme al artículo 86 del Código Penal y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso «F.A.L» de 2012. Según ambas disposiciones, se puede abortar de manera legal en los siguientes casos.

• Cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer, el cual no puede evitarse por otros medios.
• Cuando el embarazo representa un peligro para la salud, entendida como el bienestar físico, mental-emocional y social.
• Cuando el embarazo es producto de una violación.

Pasos a seguir

Para que una mujer pueda acceder a la ILE debe primero consultar con un profesional de la salud que certifique que el caso está contemplado en alguna de las tres causas legales. En todos los casos, de acuerdo a lo que estipula la ley, la interrupción legal del embarazo puede realizarse hasta la semana 24.

Si la gestante fue violada, no es necesaria denuncia policial previa: sólo es requisito una declaración jurada en la que conste el abuso. Una vez que el médico constata que el protocolo efectivamente puede aplicarse, tampoco hace falta que medie autorización judicial o administrativa.

El respeto a la privacidad y confidencialidad es obligatorio, al igual que el acceso a información completa sobre los procedimientos disponibles para interrumpir el embarazo y las opciones de atención médica.

Responsabilidades de los equipos de salud

Si el embarazo es producto de una violación, la ILE debe aplicarse inmediatamente y de la manera más expeditiva posible en un ambiente que garantice la integridad física y psíquica de la mujer, evitando su revictimización. Es conveniente además conservar el material para un eventual estudio de ADN que pueda ayudar a identificar al victimario.

En el resto de los casos, no se debe retrasar innecesariamente el acceso al protocolo, eliminando cualquier tipo de requisito que no esté medicamente indicado. Las demoras en la aplicación o la negación abierta a efectuarlo pueden ser pasibles de sanción para los profesionales de la salud.

Éstos, a su vez, pueden presentar una objeción de conciencia frente a la interrupción del embarazo pero deben hacerlo por escrito a las autoridades del establecimiento donde se desempeñan y, a su vez, derivar el caso a otro integrante del equipo que pueda garantizar que el procedimiento se efectúe.

Menores y mujeres con discapacidad

En el marco del protocolo, las menores de entre 13 y 16 años deben consentir a su aplicación asistidas por sus padres o representantes legales. A partir de los 16, se considera que la gestante puede emitir su voluntad como adulta.

En el caso de las mujeres con discapacidad que necesiten ser asistidas en la toma de decisiones, se debe instrumentar el acceso a información y apoyo para que puedan decidir sobre el procedimiento.

Métodos de aplicación

Las opciones terapéuticas para realizar una ILE dependen de la cantidad de semanas que lleve la gestación, lo que desee mujer y las posibilidades que presente el centro asistencial.

Algunos de esos métodos pueden aplicarse sin necesidad de asistencia médica, como el uso de misoprostol, que se administra en forma de 12 pastillas. Otros, como la aspiración manualendouterina, el legrado, y la dilatación y evacuación, sí requieren la intervención profesional.

El caso Jujuy

La provincia de Jujuy, donde se efectuó la intervención quirúrgica sobre la menor violada que derivó en un nacimiento con vida, suma la vigencia paralela de un Protocolo de Atención del Embarazo en Menores de 15 años elaborado junto a UNICEF.

Allí, entre otras particularidades, se señala que todo embarazo en una menor de 13 años debe tratarse como producto de una violación y, por ende, ser sometido a la ILE de inmediato, lo cual no sucedió en el caso ocurrido durante la semana pasada.

«En estos casos, en primer lugar los equipos de salud deben garantizar una atención adecuada, evaluar las diferentes alternativas que surjan de un adecuado diagnóstico situacional, ofrecer la contención y protección adecuada y explicar claramente cuáles son sus derechos y opciones. En el caso en que la adolescente solicite una interrupción legal, el equipo deberá garantizársela», señala el texto.