Este martes el gobierno nacional reglamentó la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la actividad turística a través del Decreto 795/2020 publicado en Boletín Oficial. De esta manera, anunció la creación del Bono Fiscal Vacacional, destinado a familias de bajos recursos. En el texto explicaron quiénes podrán pedirlos y los requisitos que tendrán que cumplir.
El decreto, que lleva la firma de del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el ministro de Turismo, Matías Lammens, tiene como objetivo atender la situación de las empresas del sector e implementar medidas de fortalecimiento en la pospandemia.
Se estableció que el bono otorgará hasta 20 mil pesos por grupo familiar, y comenzará a entregarse a partir de enero de 2021. Además, operará con un límite máximo de 2 mil millones de pesos. La norma contempla incentivos para quienes compren anticipadamente a través del Plan Preventa, amplía la moratoria impositiva y extiende el Programa ATP hasta el 31 de diciembre para las actividades del sector, cuando se encuentren paralizadas o tengan una facturación inferior al 30 por ciento.
Quiénes podrán pedirlo
Según indica el decreto publicado este martes, para acceder al bono se deberá acreditar “de modo fehaciente, o manifestar con carácter de declaración jurada la composición del grupo familiar y los ingresos mensuales netos totales del grupo, los que no podrán exceder el equivalente a cuatro veces el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) o el monto que resulte de multiplicar el valor del SMVM por la cantidad de integrantes del grupo familiar, el que resulte menor”.
“Cuando el solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia sea igual al domicilio de sus progenitores, el grupo familiar se considerará compuesto por el solicitante y sus progenitores», aclaran a través del texto oficial. Los bonos otorgados solo podrán destinarse al pago de los servicios estipulados en la ley N° 27.563 y vinculados al turismo. Las empresas del sector que reciban los beneficios deberán demostrar que su actividad se encuentra paralizada o que tiene una facturación inferior al 30 por ciento.
