A partir de este jueves, finaliza el congelamiento de dos impuestos que inciden en el precio de la nafta y gasoil y, por lo tanto, podría repercutir en el valor de venta al público.
El Gobierno deberá definir si aumenta el Impuesto al Combustible Líquido (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), que había postergado la administración anterior durante 10 trimestres consecutivos, desde julio de 2021.
La última prórroga fue dispuesta en noviembre del año pasado por el ex ministro de Economía, Sergio Massa.
Tras el último aumento del 27% en los combustibles el pasado 3 de enero, se espera que la actualización impacte de manera directa en los precios de los surtidores.
El Gobierno está evaluando cómo compensar la pérdida de recursos después de retirar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, por la resistencia de las Provincias a apoyar la suba de retenciones, y la marcha atrás con el proyecto para reinstalar el Impuesto a las Ganancias.
En este marco, en medio del debate parlamentario, se analizan las distintas variantes para la actualización del tributo que grava los combustibles, congelado desde mediados de 2021.
El desafío para Ministerio de Economía, con Luis Caputo a la cabeza, y la Secretaría de Energía es encontrar el punto de equilibrio entre el impacto en la inflación y el efecto en la recaudación, ambos directamente proporcionales. Es que, mientras mayor sea la actualización, el impacto en la inflación se sentirá con más fuerza, pero también habrá mayor recaudación. De la primera, el Gobierno busca un número mucho menor; de la segunda, elevarla al máximo posible.
El impacto final en el surtidor dependerá entonces de ese equilibrio. Los cálculos privados difieren sobre hasta dónde podría llegar el incremento en caso de que se apunte a corregir el atraso impositivo que se viene arrastrando desde hace más de dos años.
