El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió hoy la detención del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa en la que están procesados por la evasión de 8.000 millones de pesos por parte de la compañía «Oil Combustibles».
Fuentes judiciales informaron al portal Infobae que Moldes apeló el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que hace dos semanas liberó a López y De Sousa y modificó el delito del hecho de administración fraudulenta a apropiación indebida de tributos.
El fiscal pidió que López y De Sousa regresen a prisión y junto a ellos Echegaray, por considerar que en libertad existe riesgo de que entorpezcan la causa. También que vuelvan a ser procesados por administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública y que se eleven los montos de los embargos.
«El personaje principal de la maniobra dilucidada en este legajo se llama Ricardo Echegaray, el antes todopoderoso jefe de la agencia recaudadora del Estado y ahora el tal vez tenido custodio de secretos comprometedores. Echegaray debe seguir la suerte de López y De Sousa en lo que a cautelares personales se refiere (me refiero concretamente a la prisión preventiva que limite su libertad con el único fin de evitar la frustración del proceso)», sostuvo Moldes en su dictamen que presentó este mediodía en la Cámara Federal.
El caso quedará ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
López, De Sousa y Echegaray fueron procesados en diciembre pasado por el juez Julián Ercolini por administración fraudulenta porque los empresarios no pagaron 8 mil millones de pesos del impuesto al combustible y porque Echegaray lo avaló al no controlarlos en su rol de titular de la AFIP. La ley establece que una parte de lo que el contribuyente paga cuando carga combustible va al estado en concepto de tributo y la empresa actúa como agente de retención. En este caso, no se pagó el impuesto de mayo de 2013 a agosto de 2015.
El juez entendió que López y De Sousa debían estar presos porque durante la investigación intentaron desprenderse de empresas, lo que para Ercolini significa un entorpecimiento de la causa.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó el 16 de marzo pasado los procesamientos de los tres acusados pero por otro delito y liberó a López y De Sousa. Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero consideraron que los empresarios no intentaron eludir la justicia porque la venta de las compañías del Grupo Indalo quedaron supeditas a una autorización judicial, lo que fue presentado al juez Ercolini, quien siempre lo rechazó. También señalaron que el caso no es una administración fraudulenta, sino una apropiación indebida de tributos porque el dinero nunca ingresó al estado. En disidencia, el camarista Leopoldo Brugliavotó por confirmar las detenciones y la administración fraudulenta.
El cambio de delito generó en muchos sectores la expectativa de que López y De Sousa puedan evitar la causa penal si pagan la deuda, algo que requiere otros requisitos legales que los empresarios no cumplirían.
El fallo de la Cámara fue apelado el lunes por la AFIP -que actúa como querellante- y hoy por el fiscal Moldes. La AFIP también pidió que el delito sea el administración fraudulenta. No se pronunció que las libertades de Lóez y De Sousa porque la ley no le permite a los querellantes pronunciarse sobre detenciones.
En su dictamen de 45 carillas, Moldes dijo se trata de un «caso de notoria gravedad institucional» y que el fallo de Cámara fue «arbitrario», que generó «indignación social» y «ha dado lugar a tanto cotilleo y chismorrería mediáticos».
Para el fiscal el caso Echegaray, López y De Sousa deben volver a ser procesados por administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública ya que los fondos que «Oil Combustible» retuvo son públicos y no de la empresa, aunque no hayan ingresado formalmente al estado.
Moldes sostuvo que Echegaray fue el principal responsable porque como titular de la órgano recaudador «quebrantóٴ el deber de fidelidad» sobre el cuidado de los fondos y tenía «todas las facultades, posibilidades y condiciones para desarrollar las acciones necesarias para percibir los tributos y regular los planes de facilidades a los deudores de la AFIP». Es la primera vez que se pide la detención de Echegaray en las causas penales en las que está procesado o imputado.
Echegaray, señala el dictamen, permitió que «López y De Sousa se quedaran con dinero por cuya custodia debía velar y luego armó dentro de su estructura de actuación unos planes de tolerancia que causó perjuicio cierto al organismo que comandaba pero permitió que estos empresarios se dedicaran a refinanciar y ampliar ilegalmente el grupo económico que dirigían».
El fiscal calificó a Echegaray como lo había cuando pidió la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa de Río Turbio: «tramoyista». «Así como De Vido fue el tramoyista de la obra pública estatal durante una década, Echegaray lo fue de los perdones direccionados de la AFIP en el mismo período», señaló.
Por su parte, López y De Sousa colaboraron con la maniobra al quedarse con el impuesto del combustible y la Fiscalía vinculó ese accionar en la causa «Los Sauces», en la que los empresarios están procesados junto con la ex presidente Cristina Kirchner porque alquilaron propiedades de la familia ex mandataria bajo la sospecha de que se trató de retornos.
«El maridaje pone a la luz la existencia de una guaranga matriz corrupta como pocas veces hemos visto y cuyas consecuencias recién ahora empezamos a dilucidar. Debemos pues duplicar la precaución y los esfuerzos porque todo ese poder, esa ingente cantidad de fondos sustraídos de las arcas del Estado, pone a estos encartados en una posición relativamente más cómoda: la facilidad de eludir el accionar de la justicia sustrayéndola por todos los medios del progreso de las investigaciones en curso», señaló Moldes.
El fiscal sostuvo que en caso de ser encontrados culpables en un juicio oral, Echegaray podría ser condenado a una pena máxima de ocho años de prisión y López y De Sousa a seis y que si se considera cada mes de evasión como un delito independiente, la pena podría aumentar y la expectativa de pena no permite la excarcelación.
«Mas allá de la gravedad de los acontecimientos pesquisados, nada permite advertir que si los imputados continúan en libertad, frente a la evidente amenaza punitiva y agravamiento de la situación procesal, se sujetarán voluntariamente al designio de la magistratura», sostuvo Moldes. Y compartió con el juez Ercolini el «acreditado entorpecimiento efectuado por López y De Sousa» de querer vender sus empresas.
«Los tres encartados ostentan de sobra posibilidades, razones y medios para sustraerse del accionar de la Justicia frente a la complejidad de su situación procesal», resumió Moldes.
Por último, el fiscal también pidió que los tres procesados vuelvan a ser embargos por 17 mil millones de pesos como resolvió Ercolini. La Cámara había bajado el monto a poco menos de 9 mil millones.
El dictamen de la Fiscalía se presentó en el medio de una pelea política entre el gobierno de Mauricio Macri y una parte de los tribunales de Comodoro Py –donde se tramitan las causas por corrupción– y la Corte Suprema.
«El fallo me dio indignación», dijo Macri y otros funcionarios del gobierno criticaron la resolución. «Creo que el Presidente fue mal informado, no creo que haya tenido tiempo de leer la resolución. Tiene derecho a dar su opinión, pero tendría que medirse un poco», le contestó el juez Farah.
La Corte Suprema le pidió al Consejo de la Magistratura que investigue si hubo irregularidades en cómo se conformó la integración de la Sala I que dictó la medida. Es porque Farah es juez de la Sala II y fue convocado al resolver el caso ante la disidencia entre los camaristas Ballestero y Bruglia. El Consejo abrió ayer formalmente una investigación.
A eso se sumó una presentación de la diputada del oficialismo Elisa Carrió sobre presuntos sobornos para la liberación de López y De Sousa. Eso también está a cargo del Consejo.
Cómo sigue la causa
Después del fin de semana largo por los feriados de semana santa y Malvinas, los jueces Ballestero y Bruglia tienen que resolver si acepta las apelaciones de la AFIP y Moldes y envía la causa a la Cámara de Casación. Si hay disidencia tiene que ser convocado Farah. Si rechazan los pedidos, ambas partes podría presentarse en Casación mediante lo que se conoce como un «recuso de queja».
En Casación intervendrá la Sala I de Casación, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Carlos Mahiques y Gustavo Hornos. Pero Mahiques está excusado de intervenir porque su hijo, Ignacio Mahiques, es uno de los fiscales que investigó el caso de «Oil Combustible». Es reemplazado por Eduardo Riggi, quien ya intervino en el caso.
La causa ya pasó por la Sala I de Casación. En noviembre pasado, Riggi y Liliana Catucci resolvieron que el caso debía investigarse en el fuero federal y no como un caso de evasión. Figueroa votó en disidencia para que paso al fuero Penal Económico, a donde López y De Sousa habían pedido enviar el expediente.
Cuando el caso llegue a Casación,primero deberá intervenir Ricardo Wechsler, fiscal de ese tribunal que lleva el caso. Wechsler tiene que decidir si mantiene o no los pedidos de Moldes.
Luego los jueces deberán fijar una audiencia con las partes para escuchar sus posiciones. Después quedarán en condiciones de resolver si mantienen los procesamientos, por qué delito y si los acusados deber ser detenidos o continuar en libertad.
FUENTE: INFOBAE
