En una entrevista con CNN Radio Argentina, el jurista y abogado perteneciente a la Usina de Justicia, Fernando Soto, sostuvo que el pedido de juicio político contra el juez Violini, integrante del Tribunal de Casación bonaerense, y acusado de “incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo”, es una decisión importante que debe marcar un antes y un después en la Justicia “El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia”, agregó Soto.
En referencia a lo anterior, el letrado argumentó que el pedido contra dicho magistrado no está basado en su ideas políticas, aunque señaló que “hay más postura ideológica que posición jurídica” en la decisión de dar lugar a un hábeas corpus colectivo en favor de libertades y arrestos domiciliarios de presos bonaerense en el marco de la cuarentena.“Él puede tener su idea política perfectamente. Nadie lo está denunciando por política. No se lo ha denunciado” por eso en el pedido de juicio político “ni en ningún lado”, aclaró luego.
Soto, contó al aire en la entrevista que Violini fue quien dio la orden para que todos los jueces, a quienes encomendó “revisar la prisiones preventivas por cualquier delito en un distrito como la provincia de Buenos Aires donde la población carcelaria asciende a 43mil internos “En todas las características, de forma abierta. Era por si se contagiaba. Eso es una falacia“, expuso. Además el profesional afirmó que “los jueces están para aplicar la ley, no para violarla” y precisó que “nunca debió haber resuelto una orden para todos los jueces”.
“Hay leyes que regulan cuándo debe darse un arresto domiciliario y él en su orden genérica las omitió deliberadamente. Lo más fundamental es que una ley nacional. El Pacto de San José de Costa Rica es el más importante de derechos humanos en América Latina. Este tratado es ley en Argentina desde hace 35 años”, apuntó Soto. Y en consecuencia detalló: “Esta norma establece que la víctima tiene derecho a ser escuchada y se llama garantía judicial a ser oído. Usted tiene que escuchar a la víctima. No puede decidir como si la víctima no tuviera derechos“.
Sin embargo, sostuvo Soto, Violini argumentó sobre sus fallos que fue “utilizado para atacar políticamente al Gobierno” y aseveró que “nunca ocupó un cargo político”, por lo cual solicitó que se investigue, pero reafirmó muy convencido que lo hecho “está bien hecho”.
“Si un juez no cumple con el tratado de derechos humanos esto indica que hay más una postura ideológica que una posición jurídica. La omisión de aplicar la ley en un juez que encima salteó las autoridades de todos los jueces es para nosotros ni más ni menos que incumplir la ley y por lo tanto los deberes de su cargo”, remarcó Soto que consideró que este tipo de jueces tienen la mirada sesgada de la aplicación de la ley que viene de antes de la cuarentena. “Cuando vino la cuarentena les vino al dedillo”, añadió. Finalmente la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó la medida dispuesto por el juez Violini el 8 de abril pasado y exigió que la situación de cada detenido sea “reencauzada” para que sea el juez competente el que lo analice, teniendo en cuenta el tipo de delito que cometió y la situación de la víctima.
