Alberto Fernández avanzará en su ofensiva para aprobar la reforma judicial en el Congreso, pese al masivo Banderazo que ayer fue protagonista en las principales ciudades del país. El Presidente soslayó el impacto político de la movilización y ratificó su decisión de licuar el poder de Comodoro Py, empujar cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y desplazar a camaristas federales que investigaron a Cristina Fernández de Kirchner por su presunta participación en casos de corrupción pública.
Desde esta perspectiva, la comisión de expertos presidenciales comenzó este martes a deliberar para debatir las facultades legales de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General, tres instituciones clave del Poder Judicial. La comisión es liderada de hecho por Alberto Beraldi, abogado defensor de CFK, amigo personal de Alberto Fernández, y un experto conocedor del derecho penal.
La composición actual de la Corte Suprema cuestiona en silencio la ofensiva de Olivos sobre el Poder Judicial, y la intención última de la Vicepresidente es ampliar su número para evitar una derrota procesal cuando sus expedientes terminen en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Asimismo, la Procuración General está en manos de Eduardo Casal, un funcionario de larguísima carrera que resiste los embates del Kirchnerismo por su posición profesional respecto a las causas que investigan a Cristina Fernández y a ciertos empresarios que multipolicaron su fortuna cuando ocupaba Balcarce 50.
Los consejeros presidenciales no descartan la posibilidad de acortar los mandatos del Procurador, en tanto que los diputados oficialistas ya avanzan contra Casal por presunto mal desempeño en sus funciones. Una típica pinza política para desgastar a un funcionario que se mantiene equidistante entre el Gobierno y Juntos por el Cambio.
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