El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo de Diego Amarante, ordenó el procesamiento del peluquero Roberto Giordano por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el magistrado a cargo de la causa dispuso la prohibición de salida del país y embargó al empresario por 30 millones de pesos.

La causa tiene su origen en una denuncia penal realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). La investigación judicial evidenció que el empresario creó una serie de sociedades donde habría designado como autoridades a conocidos sin capacidad contributiva.

Esos individuos fueron convocados para la formación y el funcionamiento de las sociedades cuando en realidad, quien detentaba el efectivo manejo de las mismas era Giordano.

El procesamiento judicial sostiene que, posteriormente, Giordano desapoderó a los «prestanombres» de sus bienes en detrimento de sus patrimonios.

Hizo esto a través de la venta de los mismos a valores nulos, bajos o transferidos a personas carentes de solvencia económica para afrontar tales adquisiciones, conjuntamente con el traspaso de su personal y bienes de uso.

Asimismo, en el marco de la causa se corroboró que el empresario habría ocultado al menos 17 bienes de su propiedad a través de tres firmas: Guildin SA, Adraltior SA, y Nilamar SA.

A través de esa maniobra defraudó a sus acreedores, entre los que figura el fisco nacional.

Las empresas no eran operativas, sino que tenían como única finalidad ser titulares de inmuebles sin ejercer actividad alguna.

Así se determinó que las operaciones de transferencias de inmuebles, se suman a la creación de las sociedades, con la única finalidad de impedir fraudulentamente el cobro de sus deudas.

A través de este mecanismo, Giordano utilizaba la cadena de peluquerías para acumular deudas laborales, comerciales, pero fundamentalmente tributarias y previsionales.

Así se financiaba y permitía el crecimiento de su negocio, al tiempo que su patrimonio era ocultado a través de sociedades y testaferros, impidiendo sucesivamente a la Dirección General Impositiva (DGI) el cobro de sus deudas tributarias y previsionales.

Además de su procesamiento, teniendo en cuenta la naturaleza económica del delito investigado, el juez dispuso la prohibición de salida del país del peluquero, que comenzará a regir cuando finalicen las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo

Asimismo, se le ordenó el embargo sobre los bienes de Giordano por la suma de $ 30 millones.