Existen varias posturas respecto a las fiestas electrónicas y la discusión podría extenderse por horas. Por un lado, la no prohibición de las mismas, ya que eso implicaría estigmatizar a todos aquellos que disfrutan de esa música y que no necesariamente consumen drogas. La diversión es singular y autónoma y, en 2017, resulta retrógrado oponerse a eso.
Por el otro lado, están los detractores de estos eventos masivos que se expanden por el mundo. Los mismos acusan que estas fiestas son el escenario perfecto para la permisión del consumo ilegal y el cómodo negocio para los narcotraficantes, teniendo en cuenta los recursos que gasta el Estado para que las mismas funcionen. Es decir, son quienes sostienen que éstas atentan contra la salud de los jóvenes y quienes piensan que la solución de fondo es extinguirlas.
Lo cierto es que detrás de ambas posturas existe un comercio que, querramos o no, es explícito y sigue funcionando. La venta de drogas peligrosas en estas fiestas existe y existió siempre, como también existe en otras. Los consumidores y dealers están en todas partes, aquí y en el mundo, pero otra historia es el rol del Estado para evitar que eso suceda.
Los falsos controles y los vivos de siempre continúan enriqueciéndose y cobrándose vidas. Los famosos cortes de suministro de agua en las fiestas electrónicas son el ejemplo claro y consciente de todo el negocio que por detrás corre y que no involucra sólo a los dealers. Los actores que intervienen son muchos y no querer desbaratar la red es lo más grave.
Los elevados precios del agua mineral son consecuencia directa de la alta demanda que los consumidores de sustancias tóxicas sufren por deshidratación durante la noche. Entonces, esta manera morbosa, sabida y legal que arriesga la vida de los jóvenes, ¿debe seguir? Mientras sigue el debate sobre abolir o no este fenómeno mundial de moda, más y más personas fallecen.
Los últimos casos registrados en Santa Fe fueron los de Lucas Liberatore, de 34 años, y Giuliana Maldovan, de 20. Ambos murieron el 1° de enero de este año en Arroyo Seco tras consumir drogas sintéticas en la fiesta «Sasha new year’s eve party», en la disco Punta Stage. Según trascendió, el joven falleció mientras dormía en su casa como consecuencia del consumo de estupefacientes durante la noche anterior. Giuliana, por su parte, ingirió pastillas que le provocaron una hemorragia múltiple terminal como producto del consumo de sustancias tóxicas como éxtasis, LSD o cocaína que se sumó a un fuerte cuadro de deshidratación e hipertensión.
Tras esas pérdidas, el gobernador Miguel Lifschtiz cuestionó a los empresarios de la noche y los acusó de que “terminan lucrando con la salud y la vida de las personas”. A su vez, apuntó contra los municipios por la responsabilidad que les cabe en el control de los locales nocturnos.
Al respecto, lanzó: «Dan indignación ese tipo de fenómenos porque están asociados a la irresponsabilidad de empresarios, propietarios de boliches, productores de espectáculos y DJ. Todos saben lo que pasa y los riesgos que se corren en esos lugares. Creo que la responsabilidad de quienes se dedican a este tipo de actividades debe ser rápidamente dilucidadas y hacerse cargo de las responsabilidades civiles y penales que les caben».
Las declaraciones del gobernador fueron válidas para la opinión pública, una formalidad política que encuadró y dejó bien parado al gobierno en esa instancia crítica. No obstante, estos eventos continúan. Habrá que evaluar ahora cuánta droga se confisca en la puerta de entrada de la próxima fiesta.
