El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó la candidatura del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, tras una maratónica sesión de más de ocho horas que terminó en la madrugada de este sábado.
Los jueces del TSE adoptaron esa decisión por seis votos a uno, pocas horas antes del inicio de la campaña por televisión, que puede ser determinante para aclarar el panorama de la elección más incierta de las últimas décadas en la mayor economía latinoamericana.
El TSE prohibió realizar actos de campaña por Lula, ordenó retirar su nombre de las urnas electrónicas y dio plazo al PT hasta el 12 de septiembre para encontrarle un reemplazante.
La invalidación de la candidatura de Lula colocó al Partido de los Trabajadores (PT) ante el dilema de aferrarse a su encarcelado líder o de nombrar a Fernando Haddad, su compañero de fórmula, para sustituirlo en las elecciones de octubre.
La primera reacción del PT fue de desafío. «Ante la violencia cometida hoy (31) por el TSE contra los derechos de Lula y del pueblo que quiere elegirlo presidente», el PT «seguirá luchando por todos los medios para garantizar su candidatura en las elecciones del 7 de octubre», indicó la fuerza política en un comunicado.
«Vamos a presentar todos los recursos en los tribunales; vamos a defender a Lula en las calles, junto al pueblo, porque es el candidato de la esperanza», agregaron.
Dentro del PT, las voces preocupadas por el varapalo que pueden sufrir en las elecciones, que son también de legisladores y de gobernadores, podrían finalmente hacerse oír. Si Haddad es designado, su compañera de fórmula será Manuela D’Ávila, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), según un acuerdo previo entre dirigentes de ambos partidos.
Haddad dijo que el lunes por la mañana visitará a Lula en la cárcel de Curitiba, donde purga una pena de doce años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, y que por la tarde participará en mítines en Porto Alegre.
Lula, de 72 años, fue declarado culpable en julio de 2017 de beneficiarse de un apartamento en un balneario paulista, ofrecido por una constructora para obtener su mediación en contratos con Petrobras. La condena fue ratificada y ampliada en enero de este año por una corte de apelación.
Fuente: NA
