Por Ignacio Pellizzón

Vicentín sigue demostrando que es una gran caja de Pandora. En el medio de la disputa por la intervención o no de la compañía, siguen saliendo a la luz diferentes informaciones que comprometen a los actuales directores de la agroexportadora. En base a los documentos a los que accedió Rosario Nuestro, al menos cuatro integrantes de la mesa chica de la aceitera tienen cuentas con empresas off shore. El primero de los socios vinculados es el propio hijo de Sergio Nardelli, Maximiliano Nardelli, quien figura como director en la empresa “KERDALE INVESTMENTS S.A.”, que salió a la luz en la investigación que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La firma off shore con dirección en Montevideo, Uruguay, tiene jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas desde el 3 de julio de 2012. Según la ICIJ, fue constituida por el bufete Mossack Fonseca, que se hizo mundialmente conocida a través de la publicación del escándalo denominado Panama Papers, el cual mostró las actividades de la economía financiera offshore. Otros dos de los integrantes del directorio de Vicentín con conexiones son Gustavo César Juri y Pablo Montaron Estrada. Ambos, a su vez, comparten la gerencia de la empresa ENAV S.A., la cual preside Serio Nardelli, CEO de Vicentín.

ENAV, ubicada en la provincia de San Juan en calle Necochea 361 Norte, en Chimbas, fue adquirida por Vicentín a principios de 2017. Se dedica a la elaboración de jugo concentrado de uva partiendo de la molienda de uvas frescas y de la concentración de mostos de uva creados por bodegas sanjuaninas y mendocinas. Produce en la actualidad 12 mil toneladas de jugo concentrado ocupando alrededor de 100 personas. Sus producciones se exportan en su totalidad a mercados como Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, Ucrania, Sudáfrica y Australia. Tanto Juri como Estrada, además de participar del círculo rojo de ENAV, también forman parte como director y secretario, respectivamente, de la empresa “FINJUICE INTERNATIONAL CORP.”, una off shore radicada en Panamá. Ambos figuran en la nómina de los principales dirigentes desde el 9 de febrero de 2019, aunque la off shore está vigente desde el 13 de junio de 1996.

Alberto Julián Macua, el cuarto integrante, según averiguó Rosario Nuestro, fue el director de la empresa radicada en Panamá “YULE INTERNATIONAL CORPORATION”, al menos, entre el 14 de noviembre de 1986 y el 31 de marzo de 2018, según consta en la base de datos de la firma.

En base a distintas consultas que realizó Rosario Nuestro con diferentes abogados especializados en el tema, expresaron, a modo de conclusión, que, si bien a priori no se puede afirmar que la participación de los cuatro integrantes del directorio de Vicentín forman parte de la nómina dirigencial de firmas off shore, sí deberían poder justificar que cada uno tiene un negocio legítimo e independiente de la jurisdicción argentina no relacionado con los negocios locales.

La presunta triangulación

El mismo año en el que Mauricio Macri asumía como presidente de Argentina y lograba vencer en las elecciones al peronismo después de casi una década, se daba un hecho trascendental: ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, la entidad financiera IJG TOF B.V., -controlada por un fondo de inversión extranjero Tril Line Global Impact Fund LLC-, informaba que había auxiliado financieramente a la sociedad del grupo Vicentín (Vicentín Sociedad Anónima, Algodonera Avellaneda Sociedad Anónima y Friar Sociedad Anónima) y que las garantías de los préstamos habían sido otorgadas por una firma nueva que se llamaba “Nacadie Sociedad Anónima Uruguay”.

Nacadie es una empresa que –según consta en el informe- se ubica en la zona franca de Montevideo, lo cual le permite evitar el pago de impuestos, y su apoderado es Patricio María Coghlan, contador domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que alimentó la sospecha de los investigadores es que Coghlan también figura como director junto a los CEOs de Vicentín, Javier Padoán, Gustavo Nardelli y Pablo Montaron Estada, en una sociedad que se llama: “Enav Sociedad Anónima” y que está radicada en Mendoza. Casualmente, en el 2015 cuando los vínculos de Vicentín con el nuevo presidente se hacen visibles por los aportes a su campaña, la deuda de la aceitera con el Banco Nación sigue aumentando al punto de que pasó de 30 a 150 millones de dólares en los últimos 13 años.

Dos años después, en 2017, siempre según el informe de los diputados, Vicentin comienza a expandirse de manera exponencial a través del surgimiento de nuevas sociedades: Juviar SA; Playa Puerto SA, Rosario; Sottano SA, Mendoza; Vicentín Brasil Comercio e Esportacao e Importacao de Cerais ME. Y en 2018 sigue: Biogas Avellaneda SA; Renopack SA; Vicentín Family Group SA; Vicentina SA. El 2018 fue un gran año para la compañía porque su ganancia bruta superó los 30 mil millones de pesos.

La huella

Ya en 2019, año de elecciones presidenciales, en el vecino país Uruguay se realiza un registro en su Banco Central que extrañó a muchos. Se registró en su listado de Sociedades Anónimas la firma Vicentin SAIC Sucursal Uruguay. Lo sospechoso de esta situación es que en el registro anterior no figuraba esta firma, pero sí aparece constituida en el 2004. Lo que pasó fue que en el listado de los registros del Banco Central uruguayo recién se la incorpora en enero del 2019, con la supuesta coincidencia de que se la registró previo a la operatoria de prefinanciación de exportaciones entre Vicentín SAIC y Vicentin SAIC sucursal Uruguay, que generó el incumplimiento de la deuda de Vicentin SAIC con el Banco Nación, que hasta ese momento era de 150 millones de dólares.

Como si fuera poca la deuda, el Banco Nación –con anuencia de Javier González Fraga quien estaba a cargo del Banco Central argentino bajo gobierno de Macri- le siguió dando préstamos a Vicentin, pese a haber incumplido con el pago de la deuda. Los créditos fueron tantos que solamente en noviembre se le entregó casi uno por día: en total fueron 28 anticipos ese mes. Este período no es menor, porque se sabía que Alberto Fernández había ganado las elecciones, pero recién asumía el 10 de diciembre. Exactamente ocho días antes de la asunción del nuevo mandatario peronista, Vicentin genera una maniobra extraña. La empresa decide vender el 16, 67 por ciento de sus acciones a Glencore, una multinacional con sede en Suiza, que es considerada la principal compañía privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo.

A las 48 horas de esa venta, se crea la firma, antes mencionada, “Nacadie Comercial Sociedad Anónima del Uruguay”. Curiosamente se establece su sede social en la ciudad del norte santafesino, Reconquista, en la misma dirección donde se encuentra la mayorista de productos cárnicos, Friar SA, que, a su vez, pertenece a grupo Vicentín. Quien la inscribe es el contador del que se habló en los párrafos anteriores, Patricio Coghlan.

Nuevamente, a las 48 horas, se produce un hecho de altísimo impacto: Vicentín se declara en “estress financiero”, con lo cual alude que no puede hacer frente al pago de sus deudas contraídas en los últimos años. En 2019, la deuda de Vicentín con el Banco Nación terminó siendo de 300 millones de dólares. En cuatro años aumentó 150 millones de dólares.

Un estrés poco creíble

Tras la salida de Macri y la imputación por presunta Defraudación al Estado por parte del ex jefe del Banco Central, Javier González Fraga, y los CEOs de Vicentín, Alberto Padoán y Sergio Nardelli, el nuevo director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien fuera parte de la gestión Kirchner pero que se terminó alejando por discrepancias al igual que Alberto Fernández, elaboró un informe en el que expone datos sobre un presunto lavado de activos y evasión fiscal. Para empezar, Lozano expresa que no habría motivos suficientes para que la agroexportadora no pudiera hacer frente a sus compromisos económicos, habida cuenta que los últimos años fueron de enorme crecimiento para el grupo. “Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin”, afirmó en el documento presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia.

“La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estress financiero”, detalló.

Por si esto fuera poco, “los juicios de la AFIP contra la empresa se asientan en dudas que apuntan a una sobre estimación de costos y a la alteración de la base sobre la que deben calcularse los derechos de exportación. Dicho de otro modo, la AFIP supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones”, prosiguió. En este complejo contexto, Vicentín entra en concurso preventivo de acreedores a cargo del juez Fabián Lorenzini, en la localidad de Reconquista. La aceitera admite una deuda de 300 millones de dólares con el Banco Nación y un total de 2.368 acreedores, habiendo acumulado un monto de casi 100 mil millones de pesos de deuda, en general.

Lavado de activos y evasión

En la enrevesada trama de la película sobre Vicentín, surge un protagonista más: el estudio Moyano & Asociados. Este estudio, con sede en Capital Federal y Asunción del Paraguay, se especializa en lavado de activos nacionales e internacionales. Su intromisión en la causa se debe a que representa a un grupo de acreedores que tenían vínculos financieros con la aceitera. Según relataron los investigadores del estudio a Rosario Nuestro, la denuncia por presunto lavado de activos se realizó en la Fiscalía Criminal 3 de Paraguay y la realizó el abogado Mariano Montoya, porque en el país vecino existe Vicentín Paraguay, que es subsidiaria de Vicentin SAIC, es decir Argentina.

En defensa de sus acreedores, Montoya señaló a este medio que “podría haber un ocultamiento de activos financieros”. En base al documento que presentó el grupo de abogados y al que tuvo acceso este medio, se detalla que tanto la exportadora paraguaya como la argentina conforman un grupo económico con activos en Argentina, Uruguay y, lógicamente, Paraguay. La hipótesis de los denunciantes parte de que Vicentín Paraguay exportaría granos a su sede en la provincia de Santa Fe, Argentina, para procesarlos y después exportarlos como granos paraguayos. Esto les permitiría evitar pago de impuestos y habilitaría el lavado de dinero, porque se hace pasar como grano paraguayo lo que en realidad se produjo en Argentina. Pero, sin embargo, lo más jugoso pasaría por otro negocio, que es denunciado por este estudio. Tiene que ver con las acciones que tiene grupo Vicentín en Renova, que es la aceitera más grande del país. Como se explicó en esta nota, Vicentín le vendió a la empresa Glencore el 16 por ciento de las acciones de Renova.

Lo opaco de este asunto es que esas acciones que Vicentin Argentina le vendió a Glencore estarían en manos de Vicentin Paraguay, con lo cual esos 300 millones de dólares –de los que se habla- podrían no haber ingresado nunca al país y por ende evitar pagar impuestos. Aunque, la otra hipótesis es que ese monto haya quedado en otras sociedades que la aceitera tiene en Uruguay, como por ejemplo Nacadie. Una de las líneas investigativas señala como presunta ruta del dinero que los cerca de 200 millones de dólares que el Banco Nación le otorgó a lo largo de los últimos cuatro años a Vicentín se podrían haber depositado en empresas como esta, que se llama Nacadie, y derivar el dinero a cuentas off shore que, según confiaron algunas fuentes ligadas a la investigación, podrían culminar en cuentas que los CEOs de la aceitera tienen en Estados Unidos.