La justicia ordenó en la tarde de este jueves la liberación de los 36 aprehendidos en el desalojo del predio de Guernica ocupado en julio pasado, revelaron fuentes judiciales a Télam.
La decisión se fundamentó en el artículo 161 que otorga a los fiscales que intervinieron en la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, Marcelo Romero y Lisandro Damonte, de «disponer la libertad de quien fuera aprehendido mientras que el juez no hubiere ordenado la detención, cuando estimare que de acuerdo a las circuntancias del caso no solicitará la prisión preventiva».
La Policía bonaerense desalojó hoy, en cumplimiento de una orden judicial, un predio en la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, ocupado por familias que no habían aceptado el acuerdo para retirarse pacíficamente del lugar, en el marco de un operativo en el que fueron aprehendidas unas 36 personas.
El procedimiento, que comenzó cerca de las 6 y fue encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se trasladó luego a los alrededores del lugar, donde se produjeron algunos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que el objetivo principal en el desalojo de los terrenos ocupados en Guernica fue «encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley».
«El objetivo primordial del Gobierno de la PBA fue encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley», indicaron fuentes oficiales.
El Gobierno bonaerense indicó a través de voceros que «antes de las 7 de la mañana el predio estaba completamente desalojado» y agregó que «luego se produjeron incidentes en los alrededores del barrio, por los cuales hay alrededor de 40 detenidos y varios policías contusionados».
En un repaso de los hechos, el gobierno de Axel Kicillof recordó que «luego de la denuncia judicial, el juez interviniente estableció un plan de trabajo para conseguir un desalojo voluntario del terreno».
