Este lunes el Gobierno nacional envío al Congreso un proyecto para modificar la ley de divorcio, que contempla la posibilidad de poder terminar con un matrimonio sin acudir a la Justicia. La iniciativa fue presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con la idea de que exista "una vía más simple, más rápida y más económica" para “disolver un vínculo matrimonial de mutuo acuerdo”. 

La nueva causa de disolución matrimonial es incluida a través de la modificación del artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación.

“Se propone implementar un divorcio simplificado, con mayor libertad y menos oneroso”, sostiene el proyecto, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Jusiticia, Mariano Cúneo Libarona. 

Se trata de un modelo que ya funciona en otros países de Latinoamérica y del Mundo como, por ejemplo, Brasil, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Italia y Japón.

"El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo", indica el documento presentado por el Gobierno. 

En esa misma línea, la iniciativa presentada por Sturzenegger, señala la posibilidad de que aquellas personas “unidas en matrimonio con voluntad de poner fin al vínculo y con recursos o tiempo insuficiente para afrontar el proceso de divorcio judicial puedan tramitar este de manera simple, veloz y económica, y a su vez, por intermedio de esta herramienta vean incrementada su libertad”. 

Por otra lado, el proyecto resalta el alivio que traerá esta nueva manera de realizar el trámite de divorcio al sistema judicial. “Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes”, destaca. 

Esta modificación a la ley de Divorcio se enmarca dentro del proceso de modernización judicial que pretende llevar adelante el Gobierno nacional, en donde también ingresan los depósitos y bienes incautados y la ley Hojarasca que tiene como finalidad eliminar unas 70 leyes consideradas “inútiles, obsoletas o que restringen libertades”.