Este miércoles por la mañana, se concentraron frente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, los familiares del militar Argentino Del Valle Larrabure secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y fallecido un año después en cautiverio.
Los familiares del militar piden juzgar el hecho como un delito de lesa humanidad. A unos metros de distancia, estaban los integrantes de HIJOS, que se oponen al intento de “reflotar la teoría de los dos demonios”. En la tarde del mismo día, las abogadas Nadia Schujman, por parte de la agrupación de derechos humanos HIJOS y Victoria Villarruel del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) dialogaron con Radio Mitre Rosario, desde miradas opuestas, dieron su punto de vista sobre el caso.
Para Villarruel no es necesaria la participación del estado en un crimen para que sea considerado de lesa humanidad. Según la abogada esto está claro en el Estatuto de Roma que dice que no sólo son crímenes de lesa humanidad los cometidos por el Estado sino también por organizaciones armadas. La letrada informó que existen ya condenas en otros países del mundo a grupos insurgentes que estuvieron en las mismas condiciones que los grupos armados de Argentina en la década del `70. De acuerdo con lo expresado por Villarruel, la argentina estaría violando un tratado internacional al juzgar sólo una parte del terrorismo.
Para proseguir insistió con su posición y dijo sobre el Tribunal interviniente: “Son ellos los que tienen a su cargo la difícil tarea de negar el derecho a la justicia o ser los primeros jueces en el país, que en democracia, reconozcan a una víctima del terrorismo”.
Ante la negativa de las organizaciones de derechos humanos, quienes manifestaron que este planteo reaviva la teoría de la existencia de una guerra entre bandos, la representante se mostró preocupada y añadió que es un hecho que fue cometido en democracia, bajo el gobierno de Estela Martínez de Perón que se lo adjudicó el ERP, que según Villarruel, “es uno de los dos grupos terroristas que tuvo el país junto con Montoneros a quienes acusó de ser los “responsables de la muerte de miles de ciudadanos inocentes”.
“Que estemos hablando que organismos que dicen defender los derechos humanos le nieguen los derechos a otros, me parece sumamente preocupante, sobre todo el mensaje que trasmiten. Resulta inexplicable que Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, acompañe al abogado de un asesino”, dijo Villarruel.
Por otra parte y en la vereda de enfrente de las posturas, Nadia Schujman, abogada de la agrupación HIJOS. Conto: “Escuchamos por más de una hora al abogado de la querella que divagó en una serie de argumentos sin ningún tipo de sustento jurídico, es como que metió en una licuadora un montón de argumentos que se contradecían entre sí”. En continuidad dijo que el abogado de la familia Larrabure, el Doctor Javier Vigo Leguizamón, citó jurisprudencia y otras pruebas basadas sólo en artículos periodísticos.
Sobre la posición de Villarruel, basada en el tratado de Roma sostuvo: “El Doctor Ganón –representante de los organismos de DDHH- fue contundente en explicar por qué no fue un crimen de lesa humanidad. La querella hace una interpretación de la historia argentina y los jueces no están para eso sino para dilucidar el derecho”.
“Entiendo como una provocación que la audiencia haya sido en el día de hoy después de tantos años se está reeditando esta discusión en esta coyuntura política en la que desde el poder Ejecutivo se impulsa la unidad y libertad de los genocidas”, insistió. Y agregó: “La Corte Suprema y el Concejo de la Magistratura le han puesto algunos límites al Ejecutivo, pese a que el Poder Judicial en algunos casos está teniendo un papel lamentable porque tenemos presos políticos en argentina”.
Para finalizar la abogada dijo: “Yo creo que la Cámara va a rechazar el pedido de la querella y va a confirmar el fallo del juez de primera instancia. Los camaristas que deberán tomar esta decisión son: El Doctor Barbaral, Gallino, Vidal, Pinedo y Bello”.
