Desde la Concejalía Popular de Rosario y la Federación Nacional de Inquilinos, lanzaron esta semana, una encuesta para inquilinos de todo el país. El fin del estudio es identificar cuáles son las principales problemáticas del sector en proporción al precio, la legalidad, la relación entre inquilino e inmobiliaria, salarios y alquileres, gastos iniciales y cuáles son los abusos principales que soportan los inquilinos.
Ariel D’Orazio, integrante de la Concejalía Popular y miembro de la Federación de Inquilinos, dijo que la medición se realizará por la ausencia de datos de condiciones de alquiler de parte del Estado y que inclusive desde el año 2008 “no existen datos claros de cuantos inquilinos hay en el país y el porcentaje por cada ciudad”.
D’Orazio también destacó la encuesta y señaló que es “un hecho histórico” ya que nunca se hizo un estudio oficial del sector y la situación de los inquilinos de Argentina”, por lo tanto explicó, que es “imposible desarrollar políticas públicas” que sean efectivas a la hora de abordar el acceso a la vivienda de manera digna, en este caso, a través de un alquiler.
“Para nosotros es fundamental la difusión y la participación de la mayor parte de inquilinos posibles, al fin que los resultados, sean lo más representativos posibles”. La encuesta se va a poder completar de manera sencilla a través de una computadora o celular sin ningún tipo de demora y contará con pocas preguntas. Esto estará disponible en la fan page de la Concejalía Popular y en febrero se difundirán los resultados a través de los medos de comunicación.
En diciembre pasado se conformó la federación nacional de inquilinos con un claro mensaje de dar un paso en la formalidad, “veníamos funcionando como frente”, dijo D’Orazio y explicó que la idea de la organización es que los trascienda en el tiempo a cada uno de los que integran el espacio, además de funcionar como una herramienta formal para la defensa de todos los inquilinos del país.
El proyecto de la ley nacional de alquileres recibió media sanción en el Senado en 2016 pero el año pasado fue modificado en la Comisión de Legislación de Diputados, dictamen que cayó por no ser tratado en el recinto, por lo que a partir de marzo próximo comenzará nuevamente el debate sobre el proyecto aprobado en la cámara Alta.
