Lamberto le manifestó al ministro de Energía Aranguren su preocupación por el alto costo de la energía mayorista y le solicitó que las subas en el costo de la energía mayorista no superen el porcentaje de paritarias.
También se comunicó con el director de la EPE, Raúl Stival, y a la secretaria de Energía provincial, Verónica Gesse y pidió “una tarifa social para las pequeñas y medianas empresas, comercios e industrias a raíz de la importancia de estos actores en nuestra economía siendo que muchas veces las tarifas de los servicios públicos conspiran contra su desarrollo y sustentabilidad”.
El defensor del Pueblo pidió a las autoridades que se considere “prohibir el corte de suministro” eléctrico para aquellas personas que se vean imposibilitadas de afrontar el pago de sus facturas y expresen voluntad de hacerlo”.
Asimismo, insistió con que se disponga en “las facturas de la distribuidora EPE el detalle el monto correspondiente a la energía mayorista tal como se efectúa para el caso de los impuestos, entendiéndose que de ese modo se daría cumplimiento del derecho constitucional del usuario a recibir información adecuada”.
En su nota a Aranguren, el defensor manifestó la”profunda preocupación” como organismo de defensa de los derechos de los habitantes de nuestra provincia de Santa Fe, por el alto impacto que el valor de la energía en el mercado eléctrico mayorista está teniendo sobre los usuarios de este servicio público esencial para el normal desenvolvimiento de las personas y de las empresas e industrias santafesinas.
Lamberto le recordó al ministro de Energía que había advertido la situación en diciembre del 2016, cuando expresó que, a diferencia de lo que ocurría con otras distribuidoras, en el caso de la EPE las tarifas finales fueron incrementadas periódicamente para sus usuarios, por lo que el traslado de los sucesivos aumentos mayoristas de la energía partieron de una tarifa superior al de otras áreas pertenecientes a otras distribuidoras del país, causando como resultado tarifas actuales cuyos pagos se convierten verdaderamente difícil para muchos usuarios santafesinos.
En ese sentido, consideró que la situación actual es aún “mucho más gravosa” que en aquella oportunidad y evaluó que los valores aprobados no cumplen con los preceptos consagrados por la Corte Suprema de Justicia, respecto de la proporcionalidad, gradualidad, razonabilidad y certeza analizadas bajo la óptica de la realidad socioeconómica de los usuarios que deben afrontar con sus ingresos la totalidad de los aumentos determinados”.
Es por ello que Lamberto le volvió a manifestar que tanto los defensores del Pueblo locales como los provinciales de todo el país “vienen sosteniendo que los aumentos deben ser determinados tomando como parámetro las políticas salariales acordadas en paritarias, por lo cual se solicita que estos principios se apliquen a los aumentos en vigencia y que no se implementen nuevos incrementos en el corriente año”.
