Por Nicolás Menna Lambertucci
Con más de 170 muertes en lo que va del año, Rosario atraviesa uno de sus peores momentos en términos de seguridad pública. La cifra coloca a la ciudad en un escenario más conflictivo que a la misma altura de 2021 y parece no haber un horizonte optimista.
El slogan de campaña de Omar Perotti “Paz y orden”, que en gran medida lo aventó hasta el Sillón del Brigadier López, se ubica en el plano de la utopía más que de la realidad. Realidad de violencia urbana y de crisis de gobernabilidad, que, precisamente esta semana, le costó la renuncia al ahora exministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna.
“La tasa de homicidios de la ciudad de Córdoba, que tiene casi la misma cantidad de habitantes que Rosario, es 3 cada 100 mil habitantes, mientras que en Rosario la última fue de 18,5. Cuadruplica la media nacional, y por eso se convierte en la ciudad más violenta del país”, señaló Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal (OPC), en diálogo con Rosario Nuestro.
Y, seguido aseguró que “Rosario está lejos de todas las ciudades que se pueden pensar que tienen un grado de conflictividad más elevado, como el conurbano bonaerense, que tiene índices de violencia para llamar la atención de los funcionarios, no llegan a ser de un extremo tal de lo que sucede en la ciudad. En distritos como La Matanza, Lomas de Zamora o San Martín, bordean las 5 o 6 muertes cada 100 mil habitantes, mientras en la ciudad supera los 18 el año pasado”.
En efecto, el OPC en abril de 2022 publicó el informe “Rosario, un sueño de paz”, en el cual intenta desandar lo que sucedía en la ciudad en la última década.
El trabajo permite concluir sobre cuáles son las razones que llevan a la otrora “Chicago Argentina” a tener tamaña cantidad de delitos sostenida en el tiempo. “La primera, tenía que ver con un grado elevado de consumo de estupefacientes por parte de la sociedad. Es decir, parte de lo que sucede en la ciudad no se puede explicar si no se pone sobre la mesa que, en Argentina, y principalmente en los grandes centros urbanos son lugares de consumo de drogas. Argentina dejó de ser, al menos del año 2000 hasta acá, un lugar de tránsito de las drogas que se consumen en el mundo, sino un lugar donde se produce y se toma droga, principalmente marihuana y cocaína”, señaló Larroude.
Uno de los datos que se desprenden del estudio resulta alarmante. “La Sedronar en 2010 informó que el 1% de la población (económicamente activa, de 18 a 65 años) consumía cocaína, y ya para 2017 se incrementó un 100%, es decir el 2% de la población toma cocaína, sin poner sobre la mesa lo que fue la pandemia, con los embates del encierro. Y lo mismo con la marihuana, que en 2017 el 9% de la PEA era consumidora de esa sustancia. Razón por la cual, parte de la violencia no se explicaría si no hubiese un mercado que sea favorable para que esa dinámica se expanda”.
Pero el consumo de drogas per sé no explica por qué Rosario tiene estos niveles de violencia. “Ahí nos enfocamos en el trabajo policial y nos encontramos que desde 2012 en adelante, Rosario tiene una policía fragmentada, atomizada en el territorio y que no solamente no da respuestas frente al delito y la violencia, sino también es parte y connive con esa misma problemática. De esta manera, no se tienen las herramientas suficientes para poder abordar la violencia. Y como esto perdura en el tiempo se puede ver que no está en la policía local la posible solución al problema”.
Por otra parte, el director del OPC destacó que en la ciudad “hay una preeminencia a resolver los conflictos a partir del uso de la fuerza y de la violencia. Lo que no sucede en otras ciudades del país».
Además, advirtió sobre una preocupante realidad a partir de que los jefes de las principales bandas están presos o muertos: “Lo que vemos es una falta de gerenciamiento criminal. Es decir, bandas lideradas por pibes muy jóvenes, muy violentos, con un preocupante acceso a las armas de fuego. De hecho, el 98% de los homicidios dolosos del año pasado registrados por el Observatorio de Seguridad Pública se cometieron con un arma de fuego”.
“Lo que se denomina falta de gerenciamiento criminal -continuó el especialista- es la falta de liderazgo sostenido en el tiempo que pueda apaciguar los ánimos, caldeados. Cuando vos tenés organizaciones lideradas en el tiempo con capacidad de poder negociar internamente y hacia afuera los réditos del negocio todo es más llevadero. No significa que sea ni bueno ni malo, sino que ante la urgencia que son los muertos, se ven estas falencias en comparación con lo que pasa en otras partes del país”.
¿Hay solución?
La violencia armada es un fenómeno complejo, con muchas aristas, de las cuales Larroude hizo hincapié sobre tres, que deberían ser un llamado de atención a las autoridades, porque, parafraseando a Enrique Pinti, «pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los mismos problemas».
En ese marco, el director del OPC, señaló: “Uno de los grandes problemas que tiene la provincia en general, porque parte de los problemas de Rosario también se replican en la ciudad de Santa Fe es la falta de reelección. Lo que se piensa como un estandarte republicano, de asegurar la proliferación de ofertas democráticas y que haya renovación de las dirigencias, termina siendo un problema porque no se puede proyectar políticas a largo plazo, por ejemplo, en materia de seguridad. Esto quiere decir que si en dos años, los índices de violencia y de mortalidad siguen iguales o se incrementan, la gente ya empieza a esperanzarse con el que le sigue y no darle lugar a la profundización del cambio de quien está”.
Por otro lado, en relación al análisis criminal en materia de seguridad, “profundizar las jornadas de desarme, promover el desarme civil es la primera gran batalla que tiene que dar la sociedad y la gobernación para bajar los índices de violencia».
En ese sentido, planteó: «Hay un acceso al armamento muy preocupante en Rosario, entonces, la entrega voluntaria de un arma a partir de una suma de dinero, que tendría que ser considerable”.
Después, “lo que ponemos en discusión es apartar de las tareas de prevención y de seguridad ciudadana a la policía rosarina, por lo menos por un tiempo, o visualizar una manera de depurar y dejar en funciones las fuerzas federales en el territorio”, remarcó.
¿Sitiar o más autonomía?
Por su parte, las pronicipales fuerzas políticas tienen posiciones antagónicas en torno a la problemática de violencia urbana.
El diputado nacional por Santa Fe Gabriel Chumpitaz (JxC) propuso «sitiar Rosario» con fuerzas federales para que el crimen organizado «deje de gobernar las calles y los barrios».
En las antípodas, el intendente Pablo Javkin insiste en lograr la autonomía municipal para poder decidir sobre la designación de los jefes policiales.
“Hoy el problema es que tenés la misma cantidad de fuerzas locales que federales, 4500 y 4000 aproximadamente, lo que conduce a que si no hay una estrategia coordinada de intervención territorial te puede llevar a los desastres que tenés ahora: hay más gendarmes y más delitos»
Ahora bien, el especialista consideró que no es que debe apartarse a los gendarmes sino apuntar hacia una única fuerza que coordine el despliegue con un comando jerárquico «que no sea compartido con la fuerza local», por la poca credibilidad de la policía local.
«No quiere decir que todos los estamentos de la policía rosarina sean malos, pero si cuadruplicas la cifra de muertos del país, la capital agroindustrial de Argentina, ¿qué pasa con la policía, por qué no lo puede resolver? Esas son las dudas, por eso durante dos o tres años es necesario un trabajo de depuración de la fuerza”, indicó.
“Sitiar una ciudad no ha traído ningún tipo de solución», expresó y destacó que es necesario sacar a los chicos de la calle y crear políticas públicas para su contención.
Además, consideró que “el problema de la autonomía o lo que se quiso hacer con el viaje a Nueva York hace poco tiempo es darle mayor poder discrecional a un poder policial que está con serias sospechas de no poder resolver el conflicto».
Sobre ese punto, precisó: «No hay soluciones mágicas y no tiene que haber soluciones importadas. La cuestión no se agota con autonomizar el trabajo de las fuerzas policiales en manos de un intendente. Se le va a escapar (la situación) porque el fenómeno es demasiado complejo. No estamos hablando de delincuencia ordinaria sino de delitos complejos que requieren esfuerzos en investigación, análisis y fundamentalmente desactivar la connivencia de la pata policial, que es local”.
No obstante, Larroude, remarcó que no se requiere solamente una mirada represiva sino también social, fundamentalmente dirigida a los jóvenes. “Hoy los pibes son respetados con un arma en la mano, antes éramos respetados si jugábamos bien a la pelota o nos iba bien en el colegio. Hoy hay una dinámica de construcción de masculinidades e indentitaria que pone el foco en la violencia como único canal para resolver los problemas”.
Perspectivas
“En 8 meses se registraron más de 170 muertos. Para esta misma altura del año pasado, no llegábamos a 130. Ojalá me equivoque, pero por proyección, este año sería más conflictivo que el anterior”, concluyó Ariel Larroude.
Pero en la frialdad de los números se pierde la conciencia sobre las vidas que se apagan y la desolación de los que se quedan.
Hace poco, Indiana La Rocca, viuda del arquitecto de 34 años Joaquín Pérez, asesinado a tiros en Arroyito por delincuentes que le robaron el auto, durante una entrevista con este medio, pronunció una frase que lo resume: «Las balas matan más que a las víctimas, matan amores, proyectos, futuro”.
