El ministro de Economía Walter Agosto dijo en una entrevista durante el fin de semana que la situación de emergencia social, económica y laboral en la que está la provincia requiere los instrumentos necesarios para superarla, estimó que el déficit de las cuentas de 2019 rondará los 15 mil millones de pesos.
Por otro lado aseguró que las deudas de corto plazo que deberá afrontar la provincia superan los 22 mil millones de pesos y explicó que en enero no les quedó otra alternativa que extender el cronograma de pagos de los salarios de la administración pública, porque los intereses que se cobran por financiamiento bancario son impagables.
“Santa Fe no es una isla, la crisis económica y social de la provincia es manifiesta, aunque algunos se empeñen en negarla, y puede corroborarse observando algunos indicadores”, explicó Agosto al diario El Litoral de Santa Fe. En ese sentido informó que los datos del IPEC registran una caída de la actividad económica del 3,6% durante el 2019, entre estos datos, la industria se retrajo 6% en los dos últimos años, y la inflación fue del 53% en 2019 y acumula una suba del 283% en los últimos 4 años.
“Esta situación – continuó – impacta con mucha fuerza en las condiciones de vida de los santafesinos y se refleja claramente en el aumento de la pobreza. Mientras en el país se habla de índices de pobreza que rondan el 40%, en Santa Fe el 38% de las personas está en esa situación y en Rosario el 36%. En ambos casos, se ha incrementado 9 puntos porcentuales en los últimos 3 años”.
“Finalmente -expresó-, se perdieron en la provincia 18.000 puestos de trabajo en los últimos dos años y en el mismo periodo se verificó el cierre de más de 4.000 pymes. Todo esto configura una situación social que tiene características extraordinarias en el sentido de que no son los habituales y que se han deteriorado en los últimos tiempos. Este es el marco que se tuvo en cuenta para requerir algunos instrumentos adicionales que la provincia no tiene y que estaban vinculados con el área de desarrollo social y de salud y de seguridad”.
Sobre la magnitud de de la deuda y quiénes son los perjudicados dijo que los hospitales de la provincia de 1535 millones de pesos que datan de más de nueve meses por compra de insumos que nos e pagaron. Asimismo se adeuda, manifestó Agosto, 3.094 millones de pesos a contratistas de obras relevadas por el área de Infraestructura. Por otra parte, aseguró que la Caja de Jubilaciones cerró el año con un déficit proyectado del orden de 13.000 millones de pesos, más de tres veces superior a los 3.868 millones de pesos de financiamiento recibido en 2019 por parte del Estado nacional.
Otro de los temas que trató durante la entrevista fue el difícil momento que atraviesa la Empresa Provincial de la energía y afirmo que la deuda supera los 4700 millones con la distribuidora Camesa. Por su parte Assa tiene un déficit de 2.100 millones de pesos anuales, de los cuales 1.000 millones es déficit corriente, es decir que no se cubren los gastos de operación y los 1.100 restantes es déficit de capital.
Agosto resaltó que la provincia no cuenta con fuentes de financiamiento alternativas para hacer frente a sus obligaciones, ni tiene los instrumentos, algunos de los cuales se habían pedido en el proyecto de ley de Emergencia. Básicamente para recomponer el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, que le permitiría financiarse transitoriamente en condiciones razonables ante situaciones de emergencia o dificultad. “Cuando asumimos, este fondo se había usado en su totalidad: ascendía a 15.200 millones de pesos y se habían utilizado al 11 de diciembre 14.550 millones de pesos, quedando sólo disponibles 750 millones para hacer frente a la política salarial total de diciembre, que con aguinaldo ascendió a 23.000 millones. Por eso en la ley de Emergencia se pedía una autorización para endeudarse de 15.000 millones de pesos, para recomponer el FUCO, que es lo que permitiría hacer frente a la política salarial sin sobresaltos. No resulta posible pagar salarios, jubilaciones y el resto de las obligaciones del Estado provincial solicitando diariamente adelantos transitorios al agente financiero de la provincia, porque tiene un costo de financiamiento muy elevado”, señaló.
En continuidad dijo que en 2019 se pagaron por estos adelantos intereses por 100 millones de pesos, que hubieran permitido pagar un mes y medio más de la tarjeta única de ciudadanía. “En este marco tenemos que entender la disposición del cronograma de pagos para el mes de enero, que es más extendido que el habitual, pero que tiene que ver estrictamente con este punto. la provincia está pagando los salarios con fondos propios, que son los que ingresan de la recaudación”, agregó.
