La jueza federal María Eugenia Capuchetti delegó en el fiscal Carlos Rívolo la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron a Télam fuentes judiciales.
Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación, a partir de una recusación planteada por la querella de la vicepresidenta que le reprochó a la magistrada haber frenado distintas líneas de investigación.
A pesar de haber rechazado su recusación y de haber elaborado un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, esta tarde la jueza Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la investigación y la delegó.
«Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte», sostuvo la jueza.
La magistrada tomó la decisión en la tarde, después de que se sustanciara la audiencia en la que los abogados de la querella de la vicepresidenta reclamaron ante la Cámara Federal porteña que Capuchetti sea apartada de la investigación y denunciaron que si les fue frustrada «la posibilidad de la prueba» pudo haber sido para ocultar algo.
«Si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había gato encerrado», expresó el abogado José Manuel Ubeira en la audiencia ante el juez de la sala I del tribunal de apelaciones Leopoldo Bruglia, quien ahora deberá decidir si sostiene o aparta a la magistrada.
En la misma dirección, al salir de los tribunales federales de Comodoro Py, el letrado expresó que «si seguimos investigando llegamos a donde no quiere llegar, a las terminales del PRO» y luego refirió que existe en la causa una pista vinculada al diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, además de «un discurso de odio de determinados lugares».
Para los abogados de la querella, la jueza Capuchetti mostró una «completa falta de iniciativa» y habría «boicoteado» líneas de investigación, por lo que no puede seguir al frente del caso, según expresaron en la audiencia, en la que primero intervino el abogado Marcos Aldazabal (que enumeró las irregularidades en el manejo de la causa) y luego Ubeira.
«La investigación es imposible así», sostuvo Aldazabal tras enumerar lo que la querella define como «irregularidades» en la instrucción del caso: aseguró que «no se investigó» ni a la Policía Federal (por las demoras en la detención de Brenda Uliarte y el reseteo del celular de Sabag Montiel), ni la pista ‘Milman´, ni la línea de Carrol».
La «pista Milman» es aquella iniciada el 23 de septiembre a partir de la declaración testimonial de un asesor del diputado nacional de La Cámpora Marcos Cleri.
El asesor aseguró ante la justicia que en la tarde del 30 de agosto, en el bar Casablanca ubicado a metros del Congreso, escuchó que Milman le decía a dos mujeres la frase «cuando la maten yo estoy camino a la costa».
La «línea Carrol», en tanto, es la referida a Hernán Carrol, el referente de la Nueva Centro Derecha a quien el detenido y procesado Fernando Sabag Montiel -hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta- le asignó la misión de designarle un abogado para que lo defendiera en la causa.
Las diferencias entre la jueza y la querella se volvieron insalvables a partir de la decisión de la magistrada de no hacer lugar al secuestro del celular de las asesoras de Milman que declararon como testigos en la causa y negaron primero haber estado en el bar Casablanca el 30 de agosto para luego corregirse cuando les fueron exhibidas imágenes que acreditaban su presencia.
«Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo», dijeron los querellantes durante la audiencia entre el juez Bruglia, al que además le aclararon que no reclaman «resultado concreto» para la investigación sino que quieren «que se investiguen todas las líneas para conocer qué pasó». (Con información de Télam)
