JUSTICIA

Juego ilegal: Leonardo Peiti admitió que pagó más de 250 mil dólares a políticos

En un juicio abreviado, recibió la pena de 3 años de prisión efectiva. Además, tendrá que pagar más de 42 millones de pesos en concepto de multa.


Leonardo Peiti se presentó este miércoles a la audiencia judicial en la que se pedirá el aval para una condena por manejar emprendimientos de juego clandestino en distintos lugares de la provincia. Uno de los sostenes de esa sentencia es una extensa declaración, la suya, en la que reconoció haber pagado sobornos millonarios a actores de la política, a fiscales y policías para desplegar su actividad.

La revelación más resonante pasa por la confesión de haberse contactado con el entorno del senador por San Lorenzo, Armando Traferri, para entregarle dinero a fin de que su grupo político hiciera lobby para conseguir que el gobierno provincial lo habilitara como concesionario en emprendimientos de salas de juego legal en la provincia. Aludió asimismo a pagos a otros senadores de la provincia con el mismo fin. En su declaración dijo haber pagado más de 250 mil dólares para tal propósito.

"Habré puesto para la campaña unos 200 mil dólares que le di a Traferri. El no me los pidió pero yo se los fui dejando para la campaña. Y él se los llevaba", dijo el empresario en su testimonio, según lo que se volcó en la audiencia que comenzó pasadas las 9 y media. Uno de los cuatro fiscales presentes en el trámite señaló que se pudo acreditar cinco reuniones en los que Peiti decía que se iba a encontrar con Traferri. "Las antenas demuestran que tras los avisos las dos personas se juntan", señaló.

En un testimonio extenso y detallado volcado ante una jueza el pasado 13 de septiembre, Peiti contó que su llave de acceso a este sector fue Ricardo Paulichenco, ex apoderado del PJ y secretario Legislativo de la provincia, quien lo contactó con Traferri. El lugar y modo en que conoció a Paulichenco hizo abrir los ojos a quien seguían la audiencia: fue en el Club del Orden, una institución que reúne a los círculos sociales más tradicionales y acomodados de la ciudad de Santa Fe, donde funcionó durante años algunas ruletas, que Peiti aseguró que era uno de las tantas que explotaba.

En la audiencia, los fiscales sostuvieron que el caso exponía una “trama de corrupción” entre actores del juego ilegal, del Poder Judicial y de la política.

En su extensa declaración, que está recogida en un video que será difundido al final de la audiencia, Peiti sostuvo que se allegó a Traferri para que lo ayudara a legalizar en su favor el negocio del juego. Dijo que merced a las gestiones de este grupo, a través del empresario y ex piloto de fórmula 1 Oscar "Poppy" Larrauri, consiguió que lo recibiera el ex gobernador Miguel Lifschitz en la Casa de Gobierno. Sostuvo que en esa ocasión Lifschitz no lo hizo pasar a él sino a Larrauri, que no le destinó ni cinco minutos y que nunca tuvo en cuenta lo que le habían ido a proponer.

Reveló entonces que Traferri le dijo que lo iba a ayudar a legalizar en su favor el negocio del juego digital pero que para eso tendría que ganar Omar Perotti las elecciones. Fue por eso, sostuvo, que le entregó a Traferri sumas de dinero que llegaron a los 200 mil dólares. Afirmó haberle dado fondos al senador por Iriondo Hugo Rassetto y que también le había entregado 50 mil dólares a Paulichenco.

Peiti también aseguró haber estado en una reunión cuya existencia se había probado en audiencias anteriores: una en la que participaron el ex diputado provincial del peronismo Darío Scattaglini, el senador Traferri y el ex secretario Legal de Villa Gobernador Gálvez, el abogado Jorge Fernández Chemes. Sostuvo que lo que cerraron fue que de la concesión del juego legal por la que se haría lobby institucional se obtendrían 1200 millones de pesos y el 30 por ciento de lo adjudicado “quedaba para la política y así la política decidía qué hacer con ese dinero".

Pero finalmente el gobierno provincial, ya con Perotti en la Casa Gris, adjudicó las licencias del juego online a otro grupo, el que controla los casinos de Rosario, Santa Fe y Melincué. Frente a eso la conclusión de Peiti fue que las sumas millonarias que había pagado las había malgastado porque no consiguió su propósito.

Peiti sostuvo haber entregado dinero para el senador Lisandro Enrico (UCR/General López) aunque sostuvo que cedió los fondos a Paulichenco y no personalmente al legislador radical.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron haber preguntado si el señor Enrico había recibido ese monto. “Peiti respondió no saber si había recibido ese dinero lo que sí indicó es que a partir de esa situación pudo trabajar en el ámbito de esos departamentos, no sabía si por cuestiones de azar o por alguna intervención para favorecerlo. Peiti sostuvo que había arreglado con Scattaglini apoyar a Perotti. “Esto es lo que dijo y no lo que nos consta”, observó Edery

Los fiscales señalaron que en el testimonio de Peiti respecto de los sobornos que pagó a Traferri queda validada evidencia obtenida previamente. Por ejemplo audios en los que Peiti le cuenta a su esposa que se reunió con Traferri para hacerle un pago en San Lorenzo lo que también estaba, dijeron los acusadores, validado por el impacto de los celulares de ambos en antenas de San Lorenzo a la hora en que se decía iban a encontrarse. Con el reconocimiento de Peiti de que esa cita fue para entregar dinero, sostuvieron, aquella evidencia se ratifica.

En la audiencia se leyó la transcripción de un audio de una llamada en la que Traferri dialoga con Luis Rossini, el abogado de Peiti. En ese audio el senador le dice que hablará con los dirigentes socialistas Rubén Galassi y Antonio Bonfatti “para ver si llegan a Drivet”. Su referencia es al camarista penal Matías Drivet que tenía que fallar en causas penales contra Peiti. Luego el propio Traferri, según el fiscal, les indica que habló con esos dirigentes y que no tenían llegada. "Lo que se indica es que (Traferri) alguna gestión hizo", dijo Schiappa Pietra

Por esta imputación de explotación ilegal de juego los fiscales y la defensa de Peiti acordaron para el empresario una condena de seis años de prisión reducida a tres años de pena efectiva por el aporte que realizó como imputado colaborador. También le impusieron una multa de 48 millones de pesos más otros 17 millones por lotes de terreno en el barrio Tierra de Sueños de Casilda más dos vehículos.

La condena propuesta implicó también la investigación por acciones de juego ilegal de los fiscales de Melincué, Matías Merlo, y de Rafaela Guillermo Loyola.

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