Este martes en el Centro de Justicia Penal fue imputado como autor de los delitos de distribución y tenencia de material pornográfico infantil y prostitución infantil en concurso real un joven estudiante de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Se trata de Martín Alejandro K., de 26 años, quien fue dejado en libertad, con restricciones, tras acordar una serie de reglas de conducta. La investigación se inició en Buenos Aires y recaló en la unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario.
Según publicó el diario La Capital el joven estudiante de Ciencia Política que figura como docente adscripto en la Cátedra de Historia Latinoamericana y Argentina III con intensa actividad académica; y como asistente ejecutivo en un emprendimiento inmobiliario de Fisherton, entre otros trabajos, le endilgan 31 hechos de facilitamiento y distribución que habría consumado desde su computadora personal.
La fiscal Nora Marull le achacó la «distribución de material pornográfico infantil, prostitución infantil, hecho consumado y todos en concurso real; facilitamiento y distribución de pornografía infantil, 31 hechos en concurso real, en calidad de autor y consumados; tenencia de pornografía infantil con fines inequívocos de distribución, en concurso real, consumados y en calidad de autor». Además, le endilgaron la «posesión de material pornográfico infantil en concurso real».
El mismo medio consignó que la fiscal llegó a un acuerdo con el abogado defensor de Martín Alejandro K., Faustro Yrure, para que el acusado quede en libertad como medida alternativa a la prisión preventiva, aunque con requisitos por tres meses: firma semanal en la Oficina de Gestión Judicial, fijar una fianza de 50.000 pesos, un garante personal y la prohibición de salir del país.
Ante estos requerimentos la defensa del acusado no mostró oposición y solictó un plazo de 72 horas para efectivizar el pago de los 50.000 pesos de fianza y acreditar el garante personal. Una vez que se selló el acuerdo, el juez de primera instancia, Rafael Coria, dio por formalizada la imputación de los graves hechos atribuidos, la calificación jurídico penal y las evidencias con las que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) la sustentó.
