El fiscal federal Jorge Di Lello abrió este viernes una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri y al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su gobierno, Gustavo Arribas, a raíz de una denuncia por supuesto espionaje ilegal, presentada esta semana por la interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.

La imputación también alcanzó a la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani, al ex jefe de Gabinete de ese organismo, Darío Biorci, y a dos agentes (identificados como A y B), cuya identidad se mantiene bajo reserva, según el dictamen entregado al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al que accedió Télam.

El fiscal Di Lello solicitó una batería de medidas de prueba antes de resolver si pide la citación a declaración indagatoria de los imputados en el caso y le pidió al juez que, tras la realización de las mismas, se le vuelva a correr vista a fin de expedirse «sobre el mérito de las conductas denunciadas».

En la denuncia, Caamaño había remarcado que, en su calidad de presidente de la Nación, Macri fue «el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional».

Al explicar cómo se encontró la información, en la denuncia se había señalado que durante las tareas de relevamiento de la agencia de inteligencia se había encontrado un disco rígido marca Western Digital, en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales entre otros.

Al analizar el dispositivo surgió que estaba borrada la información pero no de manera segura, razón por la cual fue posible reestablecerla con algunas falencias y recuperar datos que permitieron detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles «pen drives», en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información ilegal sobre distintas personas.

Según la denuncia de Caamaño, se hallaron evidencias de espionaje ilegal sobre cuentas de correos electrónicos privados de 85 personas entre las que se encontraban dirigentes de la entonces oposición, como la actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, y los políticos Rodolfo Tailhade, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti entre otros.

Entre los supuesto espiados, también estaban los periodistas Luis Majul y Gerardo Arangure, dirigentes gremiales como Héctor Daer y varios políticos, que por entonces formaban parte de las filas del oficialismo, como el diputado Nicolas Massot, el radical Ernesto Sanz y quien encabezaba la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Entre las medidas que la fiscalía requirió al juez Martínez De Giorgi, figura un pedido a la AFI para que remita a tribunales los legajos completos de los agentes identificados como «A» y «B» y «una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019».

Además, requirió un «diagrama completo de la estructura de la secretaria desde el año 2015 al año 2019» y «todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia», toda vez que se sospecha que el espionaje fue realizado sin ninguna orden judicial.

También, que se cite en calidad de testigos al personal contratado «para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani».

Además y preservando su identidad en base a la Ley 25.520 de Inteligencia, se reclamó que declaren como testigos los actuales «funcionarios y empleados de la AFI que participaran en el protocolo de recolección de datos» hecho sobre el disco rígido Western Digital «a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo».

El fiscal pidió al juez que ordene una «pericia oficial con personal especializado en el tema digital» sobre el disco rígido para -entre otros puntos- individualizar los «correos electrónicos que surgen», y, «si es posible, determinar su titularidad» y su «asunto», archivos adjuntos y contenido de los mails.

 

La actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Gómez Alcorta, se convirtió esta mañana en una de las primeras en solicitarle al juez de la causa ser tenida por parte querellante dado que aparece en la nómina de presuntos espiados.