A medida que la maniobra de recaudación ilegal a través de los contratos de obra pública va quedando al descubierto por las declaraciones de los arrepentidos, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio quieren avanzar sobre el destino de las coimas.
Según sus estimaciones, el total de sobornos que se habrían pagado entre 2005 y 2015, según se desprende de las anotaciones que hizo en sus cuadernos Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ascienden a USD 200 millones.
Los elementos recabados hasta ahora en la causa de los cuadernos y su vinculación con la de la «ruta del dinero K» que lleva adelante el juez Sebastián Casanello indican que Uruguay fue una escala ineludible en la operatoria que incluyó la fuga de divisas al exterior y el lavado de dinero.
Es por eso que la Secretaría Contra el Lavado de Activos de este país adoptó un activo rol para determinar las conexiones de la ruta del dinero en Uruguay. Esta oficina -que depende de la Presidencia de la Nación y funciona como un órgano asesor de la Justicia – investiga unas 20 sociedades sospechadas de ser parte de la corrupción K.
Creadas en Uruguay y jurisdicciones consideradas «opacas» como Panamá, Nevada y Suiza, habrían sido utilizadas para comprar propiedades en el vecino país con el objetivo de blanquear el dinero proveniente de la corrupción en Argentina.
Su titular Daniel Espinosa informó que también comenzó el rastreo de las posibles propiedades y cuentas bancarias que ex funcionarios y empresarios involucrados en la causa de los cuadernos puedan tener en Uruguay. Para ello requerirá esa información al Registro de la Propiedad, al Registro Nacional de Comercio, y al Banco Central del vecino país.
Del trabajo de la Secretaría Antilavado surgió un primer hallazgo de una nueva propiedad, cuya ubicación se mantiene en reserva para no perjudicar la investigación.
Espinosa le enviará esta información -que incluye los nombres de los escribanos que participaron de la operación de compra- y la que recabe próximamente, al fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, quien lleva la causa por la «ruta del dinero k». Este expediente se abrió en Uruguay en 2013, a partir de una denuncia ante la Secretaría Antilavado de los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido.
Los datos que Ocaña aportó a la Justicia uruguaya
Ocaña, quien tras la denuncia original de 2013 hizo luego tres presentaciones posteriores, dijo que viajará próximamente a Montevideo para reunirse con el Procurador General, Jorge Díaz, y la jueza que lleva la causa, Dolores Sánchez, especializada en crimen organizado. Además, ya le entregó copia de esas presentaciones al fiscal Stornelli.
En la ampliación que realizó ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado en 2016, la diputada de Cambiemos detalló una serie de operaciones bancarias por USD 30 millones entre la firma suiza Helvetic Services Group -con una sede en Montevideo- y cuentas de las firmas uruguayas Decavial Uruguay, Charbonier Corp, Dysona SA, Rospide Corredor de Bolsa Sociedad Anónima, Nirsin Inc y Swisser AG SA.
Helvetic es la «sociedad vehículo» (cuyo presidente es el argentino residente en Suiza Marcelo Ramos), a través de la cual Lázaro Báez se quedó con La Rosadita, la financiera de Elaskar, utilizada para fugar unos USD 50 millones de dólares al exterior, según la Justicia.
Según esa presentación de Ocaña los movimientos de dinero se registraron entre 2010 y 2013 entre los bancos Surinvest, Itaú, Nuevo Banco Comercial SA, todos de Montevideo, y la cuenta de Helvetic en el LGT Bank del Principado de Leichtenstein. La diputada obtuvo esos datos del procedimiento de Discovery llevado adelante por el fondo buitre NML Capital contra la Argentina en Nevada.
Pérez Gadin, con pedido de extradición
En este expediente, hay un pedido de extradición pendiente de Daniel Pérez Gadin, el contador de Lázaro Báez, ya procesado y detenido por el juez Casanello en la causa de la ruta del dinero K en Argentina. Pérez Gadin figura como beneficiario final de una sociedad anónima uruguaya, Jumey SA, dueña de la estancia El Entrevero que el arrepentido Leonardo Fariña había revelado que compró para Lázaro Báez en 2011. La operatoria se hizo en 2011 por USD 14 millones. Hoy el campo está embargado.
El fiscal Pacheco comenzó en estos días un reestudio de toda la causa, a partir de las revelaciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas k en Argentina. En principio estaría interesado en las de que se refieran a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, la del financista K Ernesto Clarens y la de Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Si bien ya tomó la decisión de pedirle al juez Bonadío y al fiscal Stornelli copia de las declaraciones que puedan tener vinculación con la pata uruguaya de la ruta del dinero, esperará unas semanas más, para ver las novedades que se sucedan y las decisiones procesales que pueda tomar Bonadío. La solicitud se concretará mediante un exhorto por la vía de la cooperación internacional.
Más allá de esto y de que no haya un mecanismo establecido de cooperación conjunta entre ambos países, Pacheco no descarta ponerse en contacto con Stornelli. Así lo hicieren los jueces Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán cuando viajaron a Uruguay en 2016 para avanzar en la investigación de la ruta del dinero K.
Carlos Wagner otra vez en la mira
Otra línea de investigación que prevé retomar Pacheco se refiere a Wagner, el primer arrepentido en contar cómo funcionaba el «club de la obra pública» y la operatoria del pago de coimas a ex funcionarios K por parte de las empresas para quedarse con los contratos.
El fiscal contra el Contra el Crimen Organizado pondrá otra vez la mira en la compra de dos terrenos contiguos de 7.000 metros cuadrados, en la exclusiva zona de Playa Brava, sospechada en su momento de lavado de dinero. La compra fue acordada por Decavial Uruguay en US$ 16,5 millones con la firma Jaguar Capital, registrada en Nevada por el estudio Mossack Fonseca.
El dinero fue luego transferido a la cuenta en el LGT Bank a nombre de la firma suiza Helvetic Services Group en el Principado de Liechtenstein.
Wagner quedó involucrado en esa operación detectada por la Justicia uruguaya porque es accionista de Decavial Argentina y fue identificado como beneficiario final. Según reveló el diario Perfil, el valor de escrituración de los terrenos fue de USD 2 milllones, muy por debajo del valor acordado de la transferencia.
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Desde el entorno del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción sostuvieron ante la consulta de Infobae, que «este dato fue mal informado por el banco de Uruguay involucrado, lo que fue debidamente aclarado en su momento» ya que el empresario hoy arrepentido «no fue el beneficiario final de esa operación de los terrenos». Asimismo, explicaron que Decavial Uruguay es controlada por la constructora Decavial Argentina, de la que Wagner es accionista, pero que «nunca fue directivo de la sociedad uruguaya».
Vuelos bajo sospecha
También Pacheco recabará datos sobre los vuelos en aviones privados de Clarens y Muñoz a Uruguay, para cotejar las fechas y patentes de los aviones privados utilizados, e incluso con los viajes por vía aérea que había relatado Fariña en su momento, y en los que no se pudo probar el ingreso de bolsos con dinero.
El financista Ernesto Clarens, bajo investigación en Uruguay.
Clarens, además, viajó por barco 91 veces a Uruguay. El objetivo es determinar los lugares de ingreso al país y si quedó registro de esas llegadas. Según reveló un informe realizado por el periodista Luis Majul, el financista tiene una casa en el barrio privado El Faro, en Carmelo, lindero a Puerto Camacho, que habría sido utilizado para llegar en su barco, sorteando los controles de las autoridades uruguayas. Esta operatoria comenzó a ser investigada por el Ministerio de Interior de este país a partir de la difusión en la prensa.
La Secretaría Antilavado y Pacheco pedirán informes a la Aduana, a la Prefectura Naval, a Migraciones y a la Dirección Nacional de Aviación Civil. También le darán intervención a la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, al Instituto Técnico Forense, a la Dirección General Impositiva, al Banco de Previsión Social y a la Policía. Estos organismos forman parte del equipo que asesoró y colaboró con la Fiscalía de Crimen Organizado en la causa de El Entrevero, y que se reactivó ahora a partir de las revelaciones en la Justicia argentina.
Repercusión en el Parlamento oriental
En paralelo, el diputado del partido Blanco, Juan José Olaizola, pidió citar al Parlamento al ministro de Defensa uruguayo, Jorge Menéndez, para que dé información sobre controles en los aeropuertos.
A su vez, el senador de ese partido Javier García reclamará la presencia del titular de la cartera de Interior, Eduardo Bonomi, para que explique por qué la Policiía uruguaya no detectó los traslados de dinero por parte de los involucrados en la causa judicial en Argentina.
Fuente: INFOBAE
