Este jueves la Oficina de Anticorrupción se declaró incompetente de interferir en el otorgamiento de la jubilación de privilegio de Alberto Fernández.
El anuncio de la entidad dependiente del Ministerio de Justicia responde a una presentación que hizo la diputada nacional, Marcela Campagnoli, ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) en contra del ex mandatario por presunta “violación administrativa y/o penal del cumplimiento de sus deberes”.
Asimismo, en abril la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó el trámite que Alberto Fernández había iniciado el 6 de diciembre para cobrar el beneficio de privilegio que contempla la Ley 24.018, por lo que el exmandatario cobraría unos 7 millones de pesos.
En ese marco, la legisladora de Ciudad de Buenos Aires, Graciela Ocaña, que en febrero había hecho una presentación en el ANSES para que Alberto no cobre su jubilación, explicó por qué algunos funcionarios no deberían cobrar esta pensión y se mostró dispuesta a colaborar con el Gobierno para ello.
En diálogo con el equipo de Camino a Casa, programa que se emite por Radio Mitre, Ocaña se refirió a la jubilaciones de privilegio: “Yo creo que hay algunas que estan otorgadas de acuerdo al marco legal actual y que, por lo tanto, se podrían suspender en algunos caso o en su defecto, evitar el pago”.
En ese sentido, señaló el caso de la expresidente y vicepresidente, Cristina Fernández: “Por ejemplo está Cristina, que recibe dos beneficios cuando en el artículo quinto de la Ley 24.018, claramente establece que vos podes recibir un sólo beneficio en este sistema".
De esta manera, explicó en qué consiste este sistema de pensiones: “No resta decir que este no es como el sistema previsional normal donde uno aporta. Esto que se discute es una jubilación de privilegio que se otorga por haber ocupado un cargo de la presidencia o vicepresidencia".
En la misma línea, agregó: “Este tipo de beneficios se vinculan al hecho de el que percibe la pensión, debe estar viviendo en la Argentina”.
En base a eso, también apuntó contra Alberto: “Entre otros casos también está el de Alberto Fernández, cuya pensión se autorizó como si se estuviera avalando que vive en la Argentina cuando no es así. Su familia está radicada en españa, él hizo multiples declaraciones de cuando era presidente de que se iba a ir a vivir a España por lo cual tampoco le correspondería cobrarla”.
“En el caso de Alberto hicimos una presentación en el Anses pero la entidad jamás lo incorporó al expediente principal y por lo tanto no lo resolvió”, continuó al afirmar que si bien, se hizo una presentación para que la jubilación quede sin efecto, la misma no fue escuchada.
En ese contexto, la legisladora apeló a la figura del actual presidente en funciones: “Por lo tanto, viendo que el presidente ha vuelto para atrás otras decisiones como el aumento en el ejecutivo que terminó por retrotraer, creo que en este caso también puede retrotraer la medida que tomo el Anses”.
“Me gustaría poder colaborar con el Gobierno porque quiero cuidar el erario público. No es una cuestión de venganza, sólo queremos que no se paguen estas jubilaciones de privilegio cuando no corresponde claramente”, añadió.
Según una investigación del diario El Perfil, las jubilaciones de privilegio le costaron al Estado unos 68 millones de pesos.
Ocaña, al ser consultada sobre si el Gobierno está haciendo o hizo el suficiente ajuste a la casta, consideró: “El ajuste sobre la política no se ha hecho y el caso de las jubilaciones de privilegio es un ejemplo. No sólo no han bajado sino que han aumentado, por ejemplo Daniel Scioli renunció a su sueldo de secretario de Estado sólo para cobrar su jubilación de privilegio que tiene asignada como vicepresidente. Y eso es un marco de privilegio de la política porque nadie debería ir y venir cuando más te conviene”.
“Cuando Scioli fue embajador como cobraba en dólares suspendió su jubilación de privilegio, pero ahora como su sueldo de secretario de Estado es más bajo evidentemente volvió a cobrarla”, precisó.
En ese sentido, la funcionaria aseguró: “Esa son las cuestiones que la gente está cansada de ver en la política”.
Para finalizar, Ocaña brindó sus apreciaciones de por qué fracasó el Pacto de Mayo y concluyó: “Me parece que más que un acuerdo era un pacto de adhesión. El Pacto de Mayo no es un tratado entre distintos actores de la política sino más bien un enunciado de las ideas del presidente en las que nunca se convocó a las distintas partes para ver como llevar a cabo las mismas”.
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