Los ocho presos que protagonizaron la fuga de la cárcel de Piñero el pasado 27 de junio de 2021, y los tres sospechosos que facilitaron la evasión, fueron imputados este lunes bajo una estrategia que intenta mostrar a todos los internos de que se endurecerán las condenas a quienes hayan huido de una unidad penitenciaria.

Los fiscales de la causa Franco Carbone y Aurelio Cicerchia hablaron en conferencia de prensa después de la audiencia y apuntaron contra el Servicio Penitenciario al sostener que el plan no podría haber ocurrido sin el uso de teléfonos celulares dentro de la cárcel.

Los reclusos Sergio «Mono» Cañete, Joel Isaías Rojas, Alejandro Antonio Schmittlein, Ezequiel Rodolfo Romero, Alejandro Andrés Candia, Daniel David Piscione, Martín Alejandro Cartelli y el presunto jefe narco Claudio Javier “Morocho” Mansilla fueron acusados este lunes por videoconferencia, ya que justamente se buscaba evitar traslados por el peligro de fuga.

Cañete, según el Ministerio Público de la Acusación, fue quien ideó el plan, de acuerdo a la pericia hecha a su celular. «Se mantuvo comunicado minuto a minuto hasta la hora de la fuga, que no pudo haber ocurrido sin esos celulares dentro del penal y hubo una inteligencia previa importante para llevar a cabo el hecho», afirmó Carbone.

«Hubo muchas falencias. Había cámaras que no funcionaban, los tejidos perimetrales eran fácil de ser franqueados. No había comunicación entre los centinelas o entre las garitas, cuya función es justamente proteger el predio. Tenemos conocimiento que ahora esas cosas fueron cambiadas. No olvidemos que un mes antes (de esta evasión) hubo otra fuga en carritos, que no fue detectada por connivencia y ahí la Fiscalía logró condenas», agregó el fiscal.

Sumado a los presos mencionados estaban Elisa Magdalena Álvarez, Rodrigo Leonel Gramajo y Franco Ezequiel Cantero. En el caso de los hombres, están bajo sospecha de haber entrado a los tiros al predio de Piñero y haber usado una amoladora para cortar los tejidos. La mujer, en tanto, fue ubicada por los fiscales como la conductora de uno de los autos en los que se evadieron los internos de Piñero.

Después de la imputación, el juez Gonzalo López Quintana dio prisión preventiva efectiva por el término de ley para los once acusados.

El objetivo de la estrategia judicial es porque la portación ilegal de arma de guerra tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses –es de cumplimiento efectivo–, mientras que la evasión tiene una pena que varía entre un mes y un año para los presos.

Por su parte, el presunto jefe narco Claudio Javier Mansilla fue detenido el 16 de junio pasado en el barrio Roberto Fontanarrosa después de 70 allanamientos y seguimientos en distintas ciudades e incluso provincias.

«No estuvo un año en Rosario. Estuvo en otras provincias y en la ciudad de Santa Fe también. Probablemente, haya tenido algún apoyo, aún no lo sabemos. Lo están investigando las fiscales Fabbro y Pairola», aseguró Carbone, que a su vez comentó que la orden de captura internacional fue librada porque una línea investigativa indicaba que podía haberse fugado a Paraguay.

El fiscal también enfatizó que el año pasado fueron condenadas dos personas cuyo domicilio fue allanado con el dato de que ahí dormía el «Morocho». «Había estado hasta momentos previos. Se secuestró droga», concluyó.