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Fuga en la autopista: apuntan a la sobrepoblación carcelaria y piden a Lifschitz que implemente un nuevo programa


Las repercusiones por la fuga de presos en la autopista a Santa Fe continúan a la orden del día. Si bien la policía logró recapturar a tres, otros seis, de gran peligrosidad, siguen siendo buscados intensamente. Los reclusos eran retrasladados a la cárcel de Coronda en un móvil del Servicio Penitenciario, tras una visita con familiares en el penal de calle Zeballos y Richieri en Rosario. Lo que habilitó la salida fue la presentación de un hábeas corpus de la jefa de la Defensoría Pública de la provincia, Jaquelina Balangione.

En diálogo con el periodista Marcelo Fernández al aire de CNN Radio Rosario, la funcionaria apuntó a la sobrepoblación carcelaria como el origen del problema y pidió al gobernador, Miguel Lifschitz, la implementación de un nuevo programa a diez años para ponerle fin a un sistema colapsado.

Según informó el propio Servicio Penitenciario, el traslado de detenidos se practica con frecuencia sin problemas. Durante la entrevista, Balangione, autora de la petición, puntualizó en el caso que conmocionó a la provincia.  En ese sentido, reveló que la presentación del hábeas corpus fue realizada en febrero y que la audiencia quedó fijada para fines de mayo. En tanto, se refirió a los fundamentos legales del recurso.

La funcionaria aclaró que el amparo fue presentado en forma colectiva por una «dificultad de acercamiento que los internos están teniendo con sus familiares». A su vez, indicó: «Yo entiendo a la gente común, que no está metida en el ámbito del derecho. Por ahí les resulte difícil entender esta situación, pero la Constitución y las leyes que se derivan de ella determinan que la condena a la pena de privación de libertad es solamente la privación de la libertad. El condenado no pierde los otros derechos».

Por otra parte, enfatizó en que el sistema penal argentino «tiene como fin la resocialización, que es muy difícil de lograr porque es el Estado el que lo propone y el mismo Estado el que impide que esto suceda». Al respecto se explayó: «El Estado tiene que trabajar mientras el preso cumple su condena para que vuelva a la sociedad mejor que antes, en el sentido de haber comprendido que no tiene que incurrir en conductas invaliosas».

Para que eso pase, señaló que uno de los puntos calve se basa en que el detenido tenga contacto con su familia que es «el primer grupo social al que cualquier persona pertenece». La defensora no dudó: «La sobrepoblación carcelaria es el origen de todos los problemas. Si no hubiese sobrepoblación carcelaria, esos seis presos estarían en Rosario, no en Coronda». En ese sentido, contó que conversa asiduamente con el gobernador para «la implementación de un nuevo programa a diez años que termine con esta situación».