El pasado sábado, representantes de la Federación de Inquilinos Nacional se reunió de forma virtual con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, para plantearle la problemática por los alquileres adeudados y el pedido principal fue que el Gobierno los pague, ya que en este marco de pandemia no ven otra salida posible.

Son alrededor de nueve millones los inquilinos de todo el país, quienes le trasladaron a Bielsa otros dos temas aparte del foco del cónclave que tiene que ver con que el Estado se haga cargo de las deudas por esta situación excepcional. A su vez, pretenden que una vez que el Senado pueda sesionar, se apruebe la Ley Nacional de Alquileres, que ya tiene media sanción de Diputados, la cual tendría algunas modificaciones acorde a este período por el coronavirus.

Por otra parte, hicieron hincapié en el Decreto 320/20, que establece la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el congelamiento de precios de alquileres, entre otras medidas, hasta el 30 de septiembre. Propusieron que ese lapso se extienda más allá de esa fecha, por lo menos a dos años, y que se garantice la existencia de un organismo que haga cumplir los derechos mencionados. La ministra quedó en analizar las medidas planteadas y mostró buena predisposción en poder brindarles algún tipo de solución en el trasncurso de esta semana.

«Entendemos y acompañamos la decisión que se tomó en respecto el aislamiento, pero a la vez creemos que es fundamental la asistencia del Estado para pagar las deudas que se generaron a partir de esa decisión. La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, aceptó la medida, pero esto generó presión social y conflicto con inmobiliarias y algunos pocos propietarios que entienden que el desalojo es la forma de resolverlo», aseguraron desde el sector y continuaron: «No va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a recuperar en tan poco tiempo. El alquiler que no se paga tiene mucho que ver con la pandemia. La emergencia sanitaria redujo los ingresos a tal punto que no hay salida si el Estado no se hace cargo».

Todas las medidas propuestas

-Desendeudamiento: así como se subsidio a la mediana y pequeña empresa, hay que subsidiar a la economía informal para garantizar una vivienda. Con esto se inyectaría dinero en la economía, se resolvería el problema social de la vivienda, el conflicto con los propietarios e inmobiliarias, y se evitarían desalojos y mudanzas (no habría circulación de millones de inquilinos) en un marco de crisis sanitaria.

-Ley de Alquileres: apenas el Senado pueda sesionar, se harían modificaciones pertinentes a la Ley, en el contexto de pandemia.

-Extensión del Decreto 320: una vez levantado el decreto de aislamiento social, muchas inmobiliarias intentarán desalojos de inquilinos e inquilinas (lo hicieron ya en contexto de pandemia), por lo que es fundamental garantizar el techo de los que se endeudaron por no poder trabajar. Muchas inmobiliarias señalan que van a aumentar los precios luego de septiembre, lo que hará imposible el pago de deudas contraídas, y la recuperación del salario, con el agravante de quedarse sin techo o situaciones judiciales.

-Organismo de control: debe existir un organismo del Estado Nacional que articule con las provincias el cumplimiento del Decreto, ya que los inquilinos hoy no tienen un punto de referencia para realizar denuncias, incumplimientos, o para acceder a información oficial.