El presidente Alberto Fernández presentó este miércoles el proyecto de ley para la Reforma de la Justicia, que busca unificar y duplicar los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

En ese contexto, Fernández postuló un «nunca más» a la justicia utilizada para «saldar discusiones políticas» y pidió que esté en «manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión».

«Sólo busco hacer la República que todos declaman, pero algunos humillaron», expresó el Presidente, al encabezar el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco; y el futuro consejo asesor de las reformas judiciales.

Tras un repaso histórico sobre el vínculo entre la justicia y los gobiernos que lo precedieron, desde la última dictadura militar, Fernández advirtió que los cuatro años de la gestión de Cambiemos «estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho«.

A modo de ejemplo, mencionó el decreto 257 de Mauricio Macri, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal, y el hecho de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) «volvió a quedar bajo un manto de sospecha» con el permiso que se le otorgó para manejar «fondos reservados» y «participar de pesquisas judiciales».

«Hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces«, planteó.

«Se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas; de esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados», remarcó el Presidente.

Consideró, en contraposición, que el sistema judicial «debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia» y, para eso, juzgó que «el poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión».

«La ley debe imponerse en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor», insistió. El proyecto tiene como columna vertebral la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

Propone también la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y completar la transferencia de competencias penales a la Capital Federal.