Las falsas amenazas de bomba en los colegios rosarinos se volvieron una constante que ya incomoda y molesta a las autoridades educativas y al propio gobierno provincial. Hoy fue el caso de la Escuela Superior de Comercio y todos los días suceden en cadena al menos cinco alertas que obstaculizan las clases. Esta tarde, el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, Darío Chávez, advirtió que se evalúa sancionar económicamente a los alumnos implicados. Según precisó en diálogo con Rosario Nuestro, de ser descubiertos podrían tener que pagar entre $30 y 50 mil pesos”.
“Cada vez que se hace una llamada por amenaza de bomba, se despliega un montón de personal que todos los días tiene que ir a revisar distintos establecimientos educativos y se genera un desgaste increíble. Estamos hablando de personal especializado, que se ha perfeccionado y que está ampliamente calificado para el manejo de explosivos. En la provincia se pide que estos hechos no sean tomados con liviandad y que se active el protocolo ante cada una de las llamadas. Son recursos humanos y materiales que se destinan para cada uno de estos eventos. Obviamente el personal está cansado de estas situaciones”, expresó el funcionario.
“El costo del operativo preventivo es bastante alto y hoy lo está soportando todo el conjunto de la ciudadanía».
Chávez contó que ayer mantuvo una reunión con el fiscal Ponce Asad, quien unificó todas las investigaciones respecto a esta problemática y detalló que Asad vio con “muy buenos ojos” la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pida multar a los responsables de las falsas amenazas de bomba. En esa línea, dijo: “El costo del operativo es bastante alto y hoy lo está soportando todo el conjunto de la ciudadanía. En Buenos Aires, cada operativo ronda los 41.200 pesos. Estimo que acá en la Provincia estará entre los 35 y 50 mil pesos”.
En Buenos Aires, cada operativo ronda los 41.200 pesos. Estimo que acá en la Provincia estará entre los 35 y 40 mil pesos”.
Por último, manifestó que la gente no toma conciencia del despliegue que hay detrás de cada protocolo. “Estamos hablando de no menos de cinco vehículos de la Policía de la Provincia de Santa Fe con entre diez y once personas más la gente y los vehículos de la municipalidad. Es muchísimo el personal que se dedica a estos acontecimientos. Ni hablar el trastorno que esto provoca en el resto de la comunidad educativa, en los vecinos, los comerciantes, los transeúntes. Genera un malestar en toda la población. Son bromas de muy mal gusto. Lo hacen todos los días para cansarnos y hacer que bajemos la guardia hasta que un día el llamado sea en serio y vuele una escuela”, advirtió.
