Un verdadero escándalo estalló en Salta en las últimas horas tras conocerse denuncias sobre concejales de más de 30 municipios de la provincia norteña que habrían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) . Serían 52 los investigados por figurar en pagos del bono de 10 mil pesos que otorga Nación a través de Anses.
La noticia trascendió luego de darse a conocer el cruce de datos de los números de DNI, que corresponderían a los ediles sospechados, con los registros de Anses, por medio de los cuales se pudo comprobar que algunos trámites fueron rechazados pero en otros el sistema señala que el pago del segundo IFE “está listo para hacerse efectivo al beneficiario”.
Las sospechas recaen sobre 52 ediles de 32 municipios, entre ellos varios concejales del departamento San Martín que llegaron a hacerlo efectivo: Juan Carlos Dávila y Raquel Egüez, del oficialismo en la localidad de Embarcación. También el edil de General Ballivián Raúl Correa, del Partido de la Victoria. Mientras que con el trámite iniciado pero rechazado figuran los concejales de Salvador Mazza Claudia Subelza (comerciante de frontera), María Valdiviezo (planta permanente) y el docente de educación física de la bancada opositora Raúl Arroyo. El edil de El Carril Luis Carlos Coronel también está en la nómina de beneficiarios, y el concejal Walter Alberto Raposo, de Chicoana, que aparentemente realizó los trámites pero fue rechazado.
«Muchos de los sueldos de los ediles no están registrados y, por lo tanto, los sistemas de AFIP y Anses no detectaron irregularidades al momento de aprobar la ayuda», indicó el diario El Tribuno de Salta. A su vez, algunos de los concejales admitieron que gestionaron la ayuda, otros dijeron que lo hicieron para un tercero y otros aseguraron que no existió tal solicitud e iniciarán acciones legales.
