Enviaron al Congreso el proyecto de ley para eliminar las PASO y cambiar el financiamiento de los partidos políticos
También se giró una norma para cambiar el sistema que rige sobre los partidos.
El Gobierno envió al Congreso de la Nación, el proyecto de ley que busca eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), modificar el financiamiento de los partidos políticos. Así como también se giró otra propuesta para cambiar los requisitos para ser considerado como una fuerza política.
A falta de una semana para que terminen las sesiones ordinarias, todavía no está previsto si se llamará a sesiones extraordinarias o si se esperará al nuevo periodo legislativo del próximo año para tratar los textos.
Desde el Ejecutivo argumentan que la eliminación de las PASO implicará un ahorro del gasto público. Anteriormente en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni expuso: "Solo en 2023 tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, un valor histórico. Desde su introducción en 2011 hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para las presidenciales. Al menos el 40% de ellas ni superó el umbral del 1,5% de poder tras participar de las generales”.
Asimismo, sostienen que los partidos podrán definir sus candidatos de manera interna sin que intervenga el Estado.
Dentro de texto girado al Congreso, se prevé que se modifique la Ley N° 26215 para eliminar el financiamiento público por parte del Estado a las campañas electorales y que estas sólo reciban fondos privados.
Por lo tanto, los partidos dejarán de recibir aportes para campañas en los medios y la impresión de boletas, y en cambio recibirán un aporte anual del Fondo Partidario Permanente.
Un 20% de dicho aporte será distribuído entre todos los partidos de forma igualitaria; mientras que un 80% se dará en base a los votos obtenidos, en tanto se haya superado el 1% del padrón electoral.
Aunque se permitirá el financiamiento privado, habrá restricciones en su implementación. De esa manera, una sola persona, ya sea física o jurídica sólo podrá aportar hasta un 35% de lo equivalente del Fondo Partidario Permanente.
Este último punto aplica tanto para donaciones a la institución política en sí como para su campaña electoral.
En tanto, los partidos tendrán que abstenerse de recibir fondos de personas físicas o jurídicas que hayan cometido delitos tales como lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, corrupción o trata.
Tampoco podrán aportar organismos públicos como privados sin domicilio en el país; sindicatos o asociaciones patronales; Concesionarios, empresas o contratistas de servicios públicos o del Estado; y aportentes anónimos bajo presión de terceros.
Por último, todos los inversores deben estar bancarizados y los aportes deben abonarse en las cuentas corrientes de los partidos; se tendrá que hacer una declaración jurada virtual de acceso público a través de una plataforma en donde se publicarán todos los aportes recibidos.
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