David Ríos era español y tenía 19 años. Sufría una discapacidad del 49%, por trastorno de la personalidad y retraso mental. El 31 de mayo de 2011 se encontraba en un sector de aislamiento de la Unidad 20, que funcionaba dentro del hospital psiquiátrico José Tiburcio Borda.
Eran sus primeras horas como detenido cuando se desató un incendio en el que perdió la vida. También murió un argentino de 23 años. Rápidamente, el Servicio Penitenciario Federal atribuyó el fuego a un cortocircuito provocado por un ventilador, y dijo que las filmaciones se habían borrado. Pronto se descubriría que se trataba de una mentira.
Ahora se conoció que, en un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a cuatro penitenciarios por «homicidio culposo agravado». La pena es de dos años de prisión en suspenso. Es decir, que no pisarán una cárcel.
Luego del episodio, la Unidad 20 dejaría de funcionar. Los presos psiquiátricos comenzarían a ser tratados en el espacio Prisma, ubicado en el Complejo 1 de Ezeiza.
Roser Ríos es la madre de David. Desde Aragón, España, conversa con Clarín. Pide responder por correo. Dice no estar de ánimo para hablar.
“Nuestro objetivo siempre fue que los penitenciarios cumplan sus condenas en la cárcel, y que nunca más puedan desempeñarse en fuerzas policiales”, explica.
“Cuando nos informaron que sería un juicio abreviado, sufrimos mucho. Fue como volver a recibir un golpe duro. No nos quedó otra que conformarnos con el procesamiento de los cuatro”, sostiene.
David había aterrizado en Ezeiza el 27 de mayo de 2011. Entre sus pertenencias, la PSA encontró un carnet de discapacidad, 2,8 kilos de cocaína y un pasaje de vuelta a España. Su vuelo provenía de Bogotá. De allí fue trasladado a la Unidad 28, ubicada en el subsuelo de los Tribunales de Talcahuano.
Después de sufrir un brote, la Defensoría decretó que no podría declarar. Y fue enviado a la Unidad 20 por orden del Juzgado Penal Económico N° 5.
“Si hubiera ley de discapacitados, David estaría entre nosotros. No habría muerto por negligencias de terceros”, opina Manuel Luque, marido de Roser. Y añade: “La droga que le encontraron es el menor problema de todo lo que pasó”.
Horas después de haber ingresado a la Unidad 20, David llamó a su casa de Aragón. Su madre no alcanzó a atender. Pero escuchó el mensaje: le pedía urgente su credencial de discapacidad. Creía que un peritaje sería su salvación para no ser juzgado como un delincuente común. Hacía 20 días que no se comunicaba con su familia.
A mediados de febrero, había decidido viajar a Lérida en busca de trabajo. Lo hizo junto a su novia, a quien había conocido en Internet.
Según le contó a su madre, había conseguido un empleo como vendedor de seguros. El 1° de mayo se fue de Lérida. Su novia contó que se enteró por carta. “Me voy de viaje por trabajo. Regresaré en un tiempo”, decía su escrito.
El teléfono de David se apagó y no se encendió más. Su familia cree que fue engañado por una red de narcotraficantes, que se aprovecharon de su discapacidad. Volvió a comunicarse desde la cárcel.
La Procuración Penitenciaria ingresó a la Unidad no bien el incendio se apagó. Allí descubrieron a los penitenciarios que intentaban llevarse los discos de las cámaras de seguridad.
En esas filmaciones se descubriría la verdadera versión: a pesar de que estaba prohibido, el argentino fallecido fumaba en una celda de aislamiento (castigo), a la que está prohibido enviar a los detenidos psiquiátricos.
Se trataba de un celda con paredes acolchonadas. Los penitenciarios a su cargo nunca lo detectaron. A pesar de que las cámaras que monitoreaban el lugar. David estaba en la celda de al lado.
“Que el Estado haya asumido su responsabilidad en un juicio abreviado, y que los penitenciarios sean condenados, es algo positivo”, agrega Ramiro Gual, coordinador del equipo de fallecimientos en prisión, de la Procuración Penitenciaria.
“No estamos de acuerdo con la condena: recibieron la mínima por un homicidio culposo. Y creemos que las responsabilidades no son las mismas: el director recibió la misma pena que un guardia”, advierte.
Además, según la ley, los condenados deberían haber sido inhabilitados para trabajar en fuerzas policiales. Pero siguen en funciones, aunque sin contacto con detenidos. De ahí tanta desazón de Roser, la madre de David, a miles de kilómetros de la ciudad en la que su hijo perdió la vida.
FUENTE: CLARÍN
