Imputaron y dejaron en libertad al joven de 23 años que organizó una masiva fiesta electrónica en plena cuarentena en zona oeste. También lo acusaron formalmente por atacar al personal policial y por instigar al delito a través de redes sociales.
La audiencia se llevó a cabo este miércoles a las 11 de la mañana en la sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal. En la misma, imputaron a L.A.G. de 23 años, por los delitos de “violación de medidas adoptadas por autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia, desobediencia, atentado a la autoridad agravado e instigación a cometer delitos, en concurso ideal entre sí, en calidad de autor en grado consumado”.
Es concreto, el fiscal Gustavo Ponce Asahad le imputó el hecho ocurrido el 5 de julio en Campbell al 2900, cuando el joven organizó un evento privado en su casa en medio del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional para prevenir la propagación del coronavirus.
Según informó Ponce Asahad en diálogo con Radio Mitre Rosario, las acusaciones las recibió en la audiencia la jueza Pedrana que resolvió como alternativa a la medida cautelar, una caución real de 25 mil pesos con una serie de reglas de conducta.
De la misma manera, estudian la posibilidad de ampliar -en la etapa oportuna- el instituto de la suspensión del juicio a prueba y se analizan que haya un resarcimiento total de 50 mil pesos.
Todo comenzó con un llamado al 911 en el cual denunciaban ruidos que provenían desde una casa en Campble al 2900. Personal policial se hizo presente en el lugar donde se encontraban al momento 35 personas.
Al llegar la policía, el dueño de la casa, –ahora imputado- comenzó a insultar y agredió a uno de los oficiales para evitar su detención.
En ese momento, los 35 que se encontraban en la fiesta fueron detenidos y estuvieron en esa situación hasta este lunes por la mañana cuando 34 de ellos recuperaron la libertad para esperar la audiencia imputativa que se llevará adelante el próximo lune a través de ZUM.
En tanto, el organizador de la fiesta fue el último en recuperar la libertad y entre los delitos que se la atribuyen está el haber instigado por medio de redes sociales y contactos a cometer el delito atribuido a las 35 personas que se encontraban allí.
Por ello, la jueza de Primera Instancia, Valeria Pedrana, tuvo por formalizada audiencia imputativa y dictó la libertad con reglas de conducta por el plazo de 90 días: a) firma semanal ante la OGJ, b) fijar domicilio; c) caución de 25 mil pesos.
En ese marco, el fiscal aclaró que, “siempre y cuando las personas que cometan los delitos de la violación del distanciamiento obligatorio, no tengan antecedentes penales o condenatorios, una de las alternativas para la resolución del conflicto penal, que es la que prevee el Código Penal de la provincia de Santa Fe, es la probation o juicio a prueba, que se hace por el lapso de una año donde hay que observar reglas de conducta y se contempla un monto de dinero en concepto de reparación social por el delito. Esos fondos estarán destinados a efectores de salud públicos y privados con asientos en nuestra segunda circunscripción provincial”.
