El gobierno decidió reforzar, por protocolo, la seguridad de distintas ubicaciones sensibles, como lo pueden ser aeropuertos, instituciones religiosas vinculadas a la comunidad judia, y establecimientos diplomáticos de Israel y Estados Unidos.
Si bien no se registró ninguna amenaza concreta, la medida se aplicó por orden del Ministerio de Seguridad, a raíz del fallo contra Irán que ratificó este jueves la Cámara de Casación por los atentados a la embajada de Israel en 1992, y a la AMIA en 1994.
En el fallo, responsabilizaron a la República Islámica de Irán de los atentados, y señalaron que los que lo llevaron a cabo formaban parte de la organización terrorista libanesa de Hezbollah. En ese sentido, el hecho fue calificado como un crimen de «lesa humanidad».
Al ser catalogada como tal, eso significa que lo que sucedió en ambos ataques son crímenes imprescriptibles y puede ser juzgado en todo el mundo a causa de su naturaleza de «jurisdicción universal». Lo que habilita a los familiares y víctimas a poder llevar el caso a tribunales internacionales. También el propio Estado nacional puede tramitar la denuncia por vías diplomáticas a través de la Corte Internacional de Justicia.
Desde la Cámara de Casación, los jueces encargados, argumentaron que el acto terrorista se cometió «bajo la inspiración, organización, planificación, y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs».
Por lo tanto el país que haya promovido o financiado actos terroristas, en este caso Irán, «asume una responsabilidad internacional. Aun cuando el acto terrorista haya sido cometido por un grupo no formalmente estatal pero que actúa bajo el control o dirección de aquel».
