El Gobierno dio inicio al proceso de licitación para privatizar la Ruta del Mercosur
Lo hizo a través del decreto 28/2025, publicado en el Boletín Oficial, también incluye la concesión de otros 9 mil kilómetros de autopistas, entre la que se encuentra el puente Rosario-Victoria.
El Gobierno nacional dio inicio al proceso de licitación para privatizar la Ruta del Mercorsur y otros 9 mil kilómetros de autopistas, entre las cuales está el puente Rosario-Victoria. Lo hizo a través de el decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial este miércoles.
Según el primer artículo de la disposición, los tramos y rutas de la Red Vial Nacional elegidos serán licitados en un plazo de doce meses de acuerdo al régimen establecido en la Ley N°17.520.
Los caminos citados formarán parte del nuevo sistema de concesiones por peaje para la operación y mantenimiento de la Red Federal de Concesiones.
La medida, según la administración libertaria, apunta a que el proceso de privatización sea bajo la “modalidad más conveniente, con el fin de otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, y prestación de servicios al usuario y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”.
Asimismo, señalaron: “Esto propicia la reducción del sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto, equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional”.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 2 del decreto, el Ministerio de Economía será el responsable de modificar la conformación de los Tramos de la Red Vial Nacional. Además, podrá excluir sectores de las rutas que la integren o añadir nuevos.
En tanto, la cartera que encabeza Luis Caputo tendrá las facultades de realizar la convocatoria a la Licitación Pública Nacional e Internacional; dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir los contratos respectivos; aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, y de la documentación necesaria para llevar a cabo los procesos, entre otras.
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