El ex fiscal Regional Patricio Serjal terminó detenido tras la audiencia imputativa en su contra realizada este martes en el Centro de Justicia Penal. Está acusado de recibir coimas por parte del empresario Leonardo Peiti a cambio de protección en una causa que investigaba a una banda criminal por juego clandestino y extorsión.

Serjal trabajaba de forma coordinada con el otro fiscal detenido, Gustavo Ponce Asahad, a quien también le dictaron prisión preventiva efectiva por 90 días la semana pasada. En la audiencia contra Serjal, los fiscales Gisela Paolicelli, María Eugenia Iribarren, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos presentaron las pruebas para culpar al exfiscal. Según los acusadores, Serjal cometió cuatro delitos puntuales.

Los delitos

Patricio Serjal, con la participación del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Leonardo Peiti, a cambio se comprometían «a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o interferir en las investigaciones en curso y/o retardar u omitir dictámenes propios de su competencia, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Leonardo Peiti», indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación. Para cumplir ese objetivo llevaron a cabo distintos hechos:

Patricio S. acordó con Leonardo Peiti que quien se encargaría de mantener el vínculo con él a los fines de cumplir con este pacto sería Gustavo Ponce Asahad, reafirmando el acuerdo que tenían con el mismo desde al menos diciembre de 2018. En fecha 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etolie de Capital Federal donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar la que oscilaba al equivalente de entre 4 mil y 5 mil dólares mensuales y solicitarle el aumento de la misma. «En cumplimiento de ese acuerdo Ponce tuvo encuentros en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante», precisaron los fiscales. Uno de esos encuentros ocurrió el 9 de julio, cuando Peiti concurrió al Pasaje Rosales de Rosario y acordaron que serían entregados U$S10mil dólares ese día por la tarde. Dicha entrega se concretó cuando se reunieron a las 18hs, Peiti y Ponce. En otras oportunidades Ponce se reunía con Peiti en Oroño y Mendoza y recibía el dinero acordado.

El 16 de junio, Serjal concurrió al Organismo de Investigaciones del MPA, oportunidad en la cual pudo observar un diagrama de la estructura que era objeto de una investigación que tenía como sospechoso a una asociación ilícita integrada por distintas personas, entre las que se encontraban Alejandro Torrisi y Leonardo Peiti. Al otro día, el 17 de Junio, concurrió a ese lugar nuevamente, acompañado por el Gustavo Ponce Asahad. y volvieron a ver esa investigación. El 30 junio Ponce Asahad le informa a Peiti de la existencia de esa investigación que tenía como sospechoso al empresario y le advierte sobre posibles intervenciones de comunicaciones, aconsejando que cambiara y rompiera el teléfono, lo cual motivó que Peiti dejara de utilizar la línea que se encontraba intervenida desde la fecha 22 de junio. Además le pide U$100mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y lograr que se lo tratara como una víctima de lo sucedido.

Por su parte, Nelson Ugolini, empleado de Ponce, transmitió información a Peiti sobre causas en trámite en Fiscalía que resultaban de interés para el cumplimiento del acuerdo. En una oportunidad informó al empresario sobre la causa que tenía como sospechosos a dos personas, las cuales habían sido detenidas el 8 de enero por portar armas de fuego sin la debida autorización legal. «Lo hizo remitiendo imágenes de pantalla que contenían la información requerida y entregada a Peiti por medio de la aplicación WhatsApp», revelaron desde el MPA.

El 18 de febrero, Nelson Ugolini le envía a Peiti un mensaje informándole sobre las causas que podrían tenerlo como sospechoso (causas de juego clandestino, correspondiente a los distritos judiciales de la 2da circunscripción de Rosario y en aquellas causas que investigaba el Fiscal Dr. Edery a esa fecha). El 6 de marzo, Ugolini le remitió información sobre los domicilios que serían allanados en los cuales funcionarían salas de juego clandestino, a esa fecha Gustavo Ponce Asahad tenía a su cargo la oficina de “Trámite de solicitudes jurisdiccionales, acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción en materia de ejecución penal”.

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos revelaron que Serjal, Ponce y Ugolini obstaculizaron la investigación penal por juego clandestino a cargo de Matías Merlo, fiscal de Melincué que llevaba como imputado a Peiti y otros. Los acusados le informaron a Peiti la existencia de la investigación y la solicitud de los allanamientos, lo que motivó que el fiscal Merlo desista de su realización a consecuencia de esa filtración de información.

Además, en la audiencia revelaron que a sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Ponce Asahad, con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el fiscal Merlo. «Esto les permitió justificar acceder a información vinculada a las investigaciones y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos», denunciaron.

Peiti estaba siendo víctima de amenazas y extorsiones por parte de Maximiliano ‘Cachete’ Díaz y allegados a él. Díaz, actualmente detenido, integraba la banda delictiva que se dedicaba a este tipo de hechos y la que está acusada de organizar el ataque al Casino City Center. Los integrantes de la organización le reclamaban dinero a cambio de no dañar a Peiti o a su familia. Según los fiscales, Serjal, Ponce y Ugolini omitieron promover la persecución penal contra los posibles autores. «Para ello Serjal y Ponce se reunieron con una fiscal y le dieron indicaciones precisas de no realizar medidas de investigación, y que no cite a la víctima afirmando que se había comunicado con el abogado de la misma y éste le había informado que estaba fuera de la ciudad», detallaron en la audiencia.

Serjal viajó a Buenos Aires el miércoles 13 de noviembre y regresó el jueves 14 de noviembre de 2019, oportunidad en la que se encontró con Peiti alojándose en el “Hotel Etoile”. «El imputado viajó acompañado de un amigo y dicho viaje tuvo fines exclusivamente recreativos y se realizó en días laborables, en ese momento se trasladó en el vehículo oficial Toyota Corolla conducido por el chofer oficial asignado para el cumplimiento de sus funciones, habiendo solicitado a la Dirección de Administración de Economía y Finanzas de la Fiscalía General el reintegro de gastos de dos tickets de carga de combustible por la suma de $2.780 y $2.923 pesos de Buenos Aires, lo cual fue aceptado, emitiéndose un cheque a nombre de Serjal por las cifras requeridas», concluyeron.