Investigadores del Conicet consultaron a más de 2000 personas acerca de temas centrales de la sociedad. ¿Se deben legalizar las drogas? ¿Y la eutanasia? ¿Qué rol deberían tener las instituciones religiosas en la educación y hasta qué punto le corresponde al Estado apoyarlas? ¿Y la pena de muerte? ¿Y la llegada de inmigrantes?
El 22,6% de los encuestados apoyó otros finales posibles: “Pediría a los médicos que hicieran todo lo posible prolongar mi vida”. Y el 18,8% sostuvo todo lo contrario: “Pediría a los médicos que le pusieran fin a mi vida”. La aspereza del asunto quizás explique que el 8,6% de los consultados haya dicho, sencillamente, “No sé”.
Las drogas fue otro ítem complicado que abordó la encuesta. Uno podría quedarse con la foto general, en la que el 51,9% de los consultados apoyó la “legalización del consumo de marihuana para uso medicinal”; el 23,9%, su prohibición “siempre”; el 13,9%, su legalización en todos los casos”; y el 7,6%, la legalización de todas las drogas habidas y por haber.
La mitad de los argentinos cree que la marihuana debería ser legal sólo para uso medicinal.
O, en cambio, observar las diferencias según el approach religioso de los consultados. Porque, de los que apoyaron legalizar la marihuana para todos los usos, la mayoría (32,2%) se identificó como “sin religión”. Lo mismo en el ítem “todas las drogas deberían estar permitidas”, que contestó el 16,4% de los “sin religión”, mientras que los católicos y evangelistas no llegaron al 6% en cada caso.
Y aunque el exclusivo uso medicinal de la marihuana fue tildado por más o menos la mitad de los grupos religiosos y en menor medida por los ateos, la mayoría de los que promovieron la prohibición total de las drogas fueron evangélicos (38,5%). De los católicos, 24,8%; y los “sin religión” 10,7%.
El histórico cuestionamiento de sectores progresistas sobre el grosor del vínculo entre Iglesia y Estado. La pregunta que se hizo desde el Conicet fue ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión sobre el financiamiento a las religiones por parte del Estado? El 50% opinó que el Estado no debe financiar a las confesiones religiosas. El 18,8% que sí debe financiarlas. El 6,4%, que debe financiar pero “sólo a la Iglesia católica”. Y un llamativo 6,5% de los consultados dijo no saber qué contestar.
El pañuelo naranja representa el reclamo de la separación de la Iglesia del Estado.
¿Y qué hay del cruce entre educación y religión? Es un tema intenso, precisamente cuando se discute la pobre aplicación que vino teniendo la ley de Educación Sexual Integral.
En la encuesta, el 46,2% de las personas afirmó que no tiene que haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas, porcentaje que se da de frente con otro igualmente importante: un 43,6% de los argentinos apoya el dictado de una materia general sobre religiones.
¿Son excluyentes esas ideas? En cualquier caso, el 7,3% brega por el exclusivo dictado de temas católicos en las escuelas.
Mientras se respira optimismo al ver que el 61,3% de la sociedad argentina haya manifestado que una pareja de gays o de lesbianas debe poder adoptar niños, persiste un 35,9% que se opone al matrimonio igualitario y un llamativo 24% que abiertamente dilapida la igualdad de género: afirma que “la mujer debe permanecer en su hogar para el cuidado de los hijos”.
Que la mujer debería quedarse en su casa cuidando a los hijos. Hay más: el 9,1% de los encuestados aseguró que el hombre es superior a la mujer y por eso debe ser el jefe de la familia”.
Cabe destacar que la mayoría de los votos para los ítems matrimonio heterosexual, la mujer en casa con los chicos y la obsoleta concepción de la superioridad masculina vinieron de la mano de grupos evangelistas, aunque hubo un apoyo menor de sectores del catolicismo.
Finalmente se lanzó un popurrí de temas bien polémicos, con la consigna ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? El 94,3% apoyó que la universidad pública sea gratuita para todos. El 71,3%, que sea más estricto el control a los inmigrantes. El 59,3%, que los planes sociales fomentan la vagancia, y el 54,1% que el Estado debe otorgarles un ingreso a quienes no tienen trabajo.
