Guillermo Miguel, presidente del Ente de Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), dijo este jueves que si la Justicia confirma que TPR (empresa que tiene la concesión del puerto de Rosario) estuvo involucrada en el cargamento de drogas que salió de la región hacia Brasil y Países Bajos, podría caerse el contrato licencia.
“Si se verifica o si hay una decisión Judicial que la empresa haya tenido alguna implicancia directa, obviamente que eso tendrá consecuencias en la concesión. En caso de que se verificara responsabilidad directa, configura una causal de revocación de la concesión”, advirtió Miguel, en diálogo con El Puente (Radio Mitre Rosario).
En tanto, el presidente del Enapro dejó en claro que la entidad “no tiene control directo” con la carga que ingresa y egresa de los puertos, solamente se encarga de controlar al concesionario.
“Nosotros somos el ente de control que controla al concesionario para que cumplan lo que tiene que ver con la concesión”, indicó Miguel
“Dentro de estas obligaciones que tiene el concesionario y nosotros debemos hacer cumplir es que tengan todos los controles, equipamientos de aduana, controles de Afip, que cumplan con todos los pasos que establece una carga de origen y destino en cuanto a una ventanilla electrónica de datos, el control del escaneo de los contenedores”, enumeró el funcionario.
“No tenemos el control directo, pero si damos esa participación y esa presencia del estado. La presencia del estado controlando estas cuestiones de privados es fundamental”, añadió.
Este miércoles se llevó adelante un allanamiento en el puerto de Rosario, a raíz de la realización de dos viajes, con 568 y 866 kilos de cocaína respectivamente, que posteriormente fue encontrada en bolsos camuflados en cargamentos de maní en el puerto de Santos, en Brasil, y en el de Rotterdam, en Países Bajos.
La causa está a cargo del fiscal federal, Claudio Kishimoto, y la Procunar, a través de su titular Diego Iglesias y el fiscal auxiliar Matías Scilabra. Ordenados por el juez Carlos Vera Barros del Juzgado Federal N° 3, se realizaron procedimientos de personal de Aduana y de la Prefectura Naval en varios domicilios de las personas que hicieron las maniobras de contaminación de los cargamentos de maní.
Según la investigación, transportistas y empleados habrían ingresado a último momento la droga dentro de cargamentos ilícitos, dado a que todo ya había sido revisado por la Aduana y estaba a punto de ser embarcado.
