15°
miercoles 24 de abril del 2024

Dos exjefes policiales de la provincia complicados por un caso de corrupción

Se trata de los comisarios Rafael Grau y Omar Odriozola. Se los acusa de realizar maniobras ilícitas en la reparación de móviles oficiales mediante la presentación de facturas falsas.

La fiscalía regional de la ciudad de Santa Fe pidió la prisión para dos exjefes de la policía provincial considerados como líderes de una organización que facturaba falsas reparaciones de patrulleros.

Se trata de Rafael Grau como Omar Odriozola a quienes se les solicita una condena a nueve años de cárcel. Además se solicitó una inhabilitación especial por 10 años para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

Dicha presentación del Ministerio Publico de la Acusación está ligada con la investigación del funcionamiento del Departamento de Logística de la fuerza

De acuerdo al argumento de los fiscales Ezequiel Hernández y Marial Jiménez. Ambos funcionarios policiales fueron fundamentales dentro de esta organización de corrupción policial con el fin de defraudar a Estado provincial y además eran personas que manejaban información fehaciente dentro de la estructura ya que era parta de la jerarquía de ese momento.

A Odriozola se le atribuye una pérdida de $ 1.058.664,20 entre enero y agosto de 2015. El comisario presentó su renuncia en septiembre de ese año y Grau asumió como su sucesor luego de ser designado por el ministro de Seguridad provincial Raúl Lamberto, actual defensor del pueblo. En el caso de este último exjefe, la Fiscalía estimó que el perjuicio para las arcas estatales hasta febrero de 2016 fue de 958.385 pesos.

Ambos jefes, argumentan los fiscales, sostenía la misma practica para la emisión de facturas por reparaciones y compras de repuestos para vehículos oficiales. Aunque nada de eso ocurría realmente, la rendición de cuentas falsas perduró en el tiempo con cheques firmados y otros trámites administrativos de rigor.

La situación procesal de ambos ex uniformados se complicó el año pasado tras un procedimiento abreviado en el que se condenó a Facundo José Testi a 3 años de prisión condicional. Considerado como organizador de las maniobras en las que sus familiares  participaban como proveedores de la policía, el arrepentido dio cuenta de que buena parte del dinero que cobraba iba a parar a los bolsillos de los conductores de la fuerza.