La jueza Eleonora Verón le dictó prisión preventiva efectiva durante 90 días para el fiscal Gustavo Ponce Asahad, que estaba acusado de un importante entramado de corrupción dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El empresario Leonardo Peiti, que declaró como arrepentido en una causa contra una organización criminal que se dedicaba a extorsión y juego clandestino, señaló a Ponce Asahad -que durante la pandemia se desempeñó en la Unidad Especial Covid-19 para perseguir delitos que violen la cuarentena- de recibir coimas de su parte para beneficio personal y todo ocurrió bajo el aval del ahora ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal.

La maratónica audiencia imputativa contra el fiscal -que durante el proceso manifestó ser inocente- comenzó durante el mediodía de este martes y se extendió hasta la noche. Las acusaciones contra Ponce Asahad generaron un verdadero cimbronazo en el Ministerio Público de la Acusación, provocando la renuncia de Serjal tanto a su cargo como Fiscal Regional, como también a fiscal de Grado.

Al fiscal Ponce Asahad se lo acusa por “los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados en su carácter de coautor». A su colaborador Nelson Ugolini, se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y cohecho pasivo agravado en carácter de partícipe primario, todos en concurso ideal y en grado consumado.

La Jueza de Primera Instancia Verón dictó a Ponce Asahad 90 días de prisión preventiva. En tanto, para su colaborador Nelson Ugolini le dictaron “la libertad con restricciones por el plazo de 90 días” y una fianza de 4982 dólares.

«Tuve una desestabilización el sábado, con una internación transitoria en un centro para estabilizarme. Humanamente estoy devastado”, declaró el fiscal imputado, quien además se consideró inocente.

Los fiscales que acusaron en la audiencia que se extendió por largas horas fueron Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y las fiscales Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.

En tanto, al ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, se lo acusó de «diseñar y ejecutar un plan cuyo objeto fue recibir dinero del ya imputado Leonardo Peiti y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían construir delitos o interferir en las investigaciones en curso retardar u omitir dictámenes propios de su competencia con objeto que no prosperen posibles imputaciones”.