A partir de una denuncia por delitos de acción pública que radicaron los también fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, la fiscala general María Cecilia Vranicich abrió una investigación penal contra el ex integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Rosario Matías Edery.
Según trascendió en las jornadas de audiencia por un caso de extorsión atribuido a la banda de Los Monos, que pusieron por escrito los denunciantes, Edery chateaba con la ex testigo del MPA Mariana Ortigala, sobre procedimientos aún no concretados y, de acuerdo con la denuncia, no alertó a otros fiscales de ilícitos de los que tomó conocimiento por su trato con la mujer, con la que se comunicaba con un celular que el propio funcionario le había entregado.
Ortigala, acusada de aprietes al dueño de una agencia de loterías, de ser testaferro del clan Cantero y también –en el fuero federal- por lavado de activos, fue presentada como testigo protegida de Edery desde hace unos cuatro años.
Vale señalar que la mujer fue testigo relevante en el juicio que llevó a una condena a perpetua a Alvarado y que contó con el propio Edery como investigador. Asimismo, su hermano Rodrigo también estuvo en el banquillo junto a parte de la cúpula de Los Monos en el caso del crimen en el casino City Center.
En la tercera audiencia, que tuvo lugar este miércoles, de la causa que investiga nuevos aprietes de la banda liderada por Ariel “Guille” Cantero, el fiscal Socca mostró como nueva prueba el peritaje de unos de los celulares de Ortigala, con intercambios de chats que comprometen a su colega Edery.
A Ortigala, detenida el 11 de septiembre último, la investigan cómo es que tiene 14 inmuebles a su nombre, bajo la sospecha de que en realidad pertenecen a Los Monos. Ya que figuran como adquiridos “desde que (a pedido de Edery) entró en el programa de protección de testigos”, en marzo de 2019.
En el momento de la detención, la mujer informó a los agentes que uno de los celulares que tenía en su poder, o usaba solo para pasarle información a Edery.
En esa línea, el fiscal Socca, quien junto a Miguel Moreno investigan los ataques y amenazas al propietario de la cadena de agencias El Califa por parte de Los Monos, pidió peritar los teléfonos. Entre ellos, el “exclusivo” para comunicarse con Edery.
Así, en la tercera audiencia de imputación y al brindar elementos para oponerse a la excarcelación de Mariana Ortigala, Socca informó el resultado de las pericias a esos equipos.
De ese celular “exclusivo”, se conocieron particulares chats con Edery. Por ejemplo, en las conversaciones, la mujer le comunicó el apodo (Flaco) del probable autor de una de las balaceras perpetradas entre 2021 y 2022 a un negocio de Mendoza y Matienzo, que regenteaba un condenado en causa narco y después pasaron a ser propiedad de la misma Ortigala.
En ese marco, el Fiscal Socca recordó en la audiencia que Edery nunca le pasó a su colega Federico Rébolael, a cargo de esa investigación, el dato del supuesto tirador que le había dado Ortigala, su informante.
En otra conversación, se informó que el contacto agendado “Mati Fiscalía”, que se sospecha corresponde a Edery, le dice a Ortigala que Fiscalía tiene “todas las escuchas” de las conversaciones que el detenido Esteban Alvarado mantuvo con “Carmona”.
Socca y Moreno evalúan que se trata de información sobre una causa en proceso que nunca tendría que haber compartido, sobre todo al tratarse de una mujer vinculada a organizaciones criminales.
En la audiencia, también se mostraron chats del fiscal con otra imputadas Lorena Córdoba, viuda del rafaelino fallecido durante la pandemia David Perona -considerado zar del juego clandestino provincial- con mensajes sugestivos. Vale señalar que Córdoba está ahora imputada en el caso por extorsión al propietario de la agencia El Califa.
Ahora, voceros del Ministerio Público de la Acusación de Rosario informaron que “a partir de los datos presentados en la audiencia, los fiscales hacen una serie de inferencias entre la cuales podían haber omisiones de un fiscal, por lo que su obligación es hacer una denuncia ante cualquier hecho que tomen conocimiento y que pueda tener apariencia delictiva, sino ellos cometerían un delito”.
Finalmente, las fuentes judiciales señalaron que “se dispuso la iniciación de un legajo penal, además de la intervención de la Auditoría General de Gestión, ya que debe ser en ese ámbito donde se investigue la conducta del fiscal y donde pueda ejercer su derecho de defensa ya que no participaba de dicha audiencia”.
