Los exagentes del Servicio de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lofiego, fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario durante la última dictadura militar. Se trata de un fallo histórico del Tribunal Oral Federal 2 y muy esperado por organismos que luchan por los Derechos Humanos en la Argentina.
El Tribunal integrado por los jueces Lilia Carnero, Jorge Gallino y Osvaldo Facciano los encontró culpables por «homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, privación de la libertad agravada, imposición de tortura agravada, abuso sexual y asociación ilícita y sus acumuladas a lo largo del proceso».
En la megacausa conocida como «Feced III y IV» también involucra a otros ex policías como Ramón Telmo Alcides Ibarra, Eduardo Dugour, Julio Héctor Fermoselle, Héctor Oscar Gianola, Lulio César Nast, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara.
Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Ernesto Vallejo y Carlos Antonio Scortechini también fueron condenados a prisión perpetua, mientras que los otros cuatro ex agentes fueron condenados a entre 16 y 22 años de cárcel efectiva.
Fue el fiscal federal Adolfo Villate quien había pedido penas máximas de 23 años de prisión perpetua. Como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus, la audiencia de lectura del veredicto se realizó por videoconferencia y sin público, de acuerdo a lo consignado por el Tribunal.
El juicio se inició en abril de 2018 y analizaba los delitos adjudicados a 10 efectivos de la Policía de Rosario durante la última dictadura, cometidos contra 188 víctimas del Terrorismo de Estado.
La tercera y cuarta parte de la megacausa Feced avanza sobre las prácticas ilegales de “la patota” policial que tuvo a su cargo el centro de detención clandestino conocido como “El Pozo”, ubicado en el centro de la ciudad.
Allí funcionaba el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía, cuyas instalaciones albergó el mayor centro clandestino del sur de la provincia de Santa Fe, por donde se estima que pasaron unos 500 detenidos-desaparecidos, indicaron fuentes de la Fiscalía.
