Las medidas preventivas para combatir el avance del coronavirus en Argentina tuvo y tendrá una infinidad de daños colaterales. Desde efectos que tocarán el bolsillo de las personas y las distintas empresas que no van a contar con ingresos hasta nuevo aviso hasta conflictos sociopolíticos que no podemos dimensionar a futuro.
Un particular episodio sucedió entre las provincias de Córdoba y San Luis, una guerra entre territorios vecinos. Es que el estado comandado por Alberto Rodríguez Saá cerró sus fronteras y no deja pasar a nadie, sin importar si es una actividad que está exceptuada en el DNU que firmó el presidente Alberto Fernández cuando declaró la emergencia sanitaria y decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Por lo tanto, en Córdoba se manfistaron muy disconformes porque dejan varados en el límite fronterizo a productores y trabajadores agropecuarios. El movimiento más fluido se da al sur con ruralistas que tienen explotaciones a uno u otro lado y van y vienen frecuentemente.
Desde Cartez emitieron un comunicado titulado «el feudalismo de San Luis atenta contra el federalismo y la producción».En el mismo texto plantean «un enérgico repudio a las prácticas feudales del gobierno de San Luis, que atentan contra la cadena productiva, contraponiéndose al federalismo que debe primar en estos momentos en que todo el país está sumando sus esfuerzos en la lucha contra el coronavirus».
Cabe destacar que los inconvenientes se profundizaron debido a que esta es la época de levantar la cosecha de soja. «Si no se levanta se cae», explicó una productora con campos en La Cautiva y en Vicuña Mackena.
También está el caso de productores que ya no pueden ir de un lado a otro ni siquiera a llevar comida a quienes están trabajando.»La situación es desastrosa; es un blindaje provincial. Hay actividades de tambo, de feedlot, de soja, todo parado», sostuvo Javier Rotondo, presidente de Cartez y de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
Para llevar alimentos a los animales un camión llega al límite entre las provincias y «ahí deben descargar y subir todo a otro», graficó Rotondo. Además, el dirigente rural aseguró que desde Córdoba se hicieron gestiones y el gobierno puntano accedió a «flexibilizar» las medidas, pero «mientras tanto los costos se multiplican y se genera un freno extra a la actividad».
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad a la que pertenece Cartez, también hicieron contactos y esperan que desde la Nación se tomen cartas en el asunto para garantizar la circulación de productores y equipos de cosecha entre ambas provincias.
