Un año atrás los argentinos debieron modificar radicalmente sus costumbres y sus medios de vida a partir de la irrupción en el mundo del coronavirus, que obligó al presidente Alberto Fernández a implementar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), apenas ocho días después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara que se trataba de una pandemia.

El 19 de marzo de 2020, el Gobierno puso en marcha un ambicioso plan que, mientras restringía la circulación de los argentinos, apuraba el fortalecimiento en obras, logística y plan sanitario de un frágil sistema sanitario, que incluso carecía de un Ministerio de Salud, tras haber sido convertido en secretaría durante la anterior gestión de Cambiemos.

«Todos los argentinos deberán someterse al aislamiento social, preventivo y obligatorio», anunciaba aquel miércoles por la noche el Presidente, que inicialmente adoptó la medida por 15 días -hasta fines de marzo-, pero luego debió ser renovada en forma sucesiva cada dos semanas.

A partir de la difusión de imágenes del colapso sanitario en países de Europa, donde los contagios y las muertes se multiplicaban en pocos días y los hospitales no daban abasto, el Gobierno estableció permisos de circulación para desplazarse más allá de la zona de residencia y sólo el personal definido como esencial podía trasladarse sin restricciones.

A un año del inicio de la pandemia, Argentina registra 54.231 los fallecidos a nivel nacional y 2.218.425 los contagiados, informó el jueves el Ministerio de Salud.

De acuerdo con los últimos datos del Monitor Público de Vacunación -actualizado a las 18 del jueves-, el total de inoculados asciende a 2.762.672, de los cuales 2.253.951 recibieron una dosis y 509.321 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 3.843.565.

Desde el inicio de la pandemia se realizaron más de 8 millones de testeos, y actualmente se hacen un promedio de 50.000 pruebas diarias para detectar la presencia del virus.