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miercoles 01 de mayo del 2024

“Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”, aseguró Guille Cantero en el inicio del juicio: qué dijeron los fiscales

"Lo que hablan son las pruebas y no una autoinculpación", aseguró el fiscal Miguel Moreno.

Apenas iniciado el juicio a Los Monos por ordenar, organizar y llevar a cabo ataques a tiros contra el Poder Judicial, Guille Cantero, líder de la banda y uno de los seis acusados en la causa, en su presentación indicó: “Oficios varios, contrato sicarios para tirar tiros a jueces judiciales».

Sobre esta declaración en el juicio que comenzó este viernes pasadas las 8 en el Centro de Justicia Penal, que fue uno de los inmuebles atacados a tiros por el cual son acusados los integrantes de la banda narco y fue baleado nuevamente este miércoles por la noche, el fiscal Miguel Moreno dijo: “Más allá de lo que haya dicho Cantero, lo que hablan son las pruebas y no una autoinculpación. Fue un acto temerario, pero no influye necesariamente en el caso, aunque sí será usado eventualmente por la Fiscalía”.

Moreno detalló cada una de las balaceras que llevaron a Los Monos a este juicio: “Tenemos relevados 14 ataques, 12 de los cuales están integrados por edificios de jueces o del Poder Judicial, hay un domicilio vinculado a un policía y hay un domicilio vinculado pero es por el cobro vinculado a una venta de droga”.

En cuanto a las penas pedidas para cada uno de los acusados, precisó: “Hay tres acusados que coinciden los pedidos de pena que son 24 años, que son Ariel Máximo Cantero, Lucía Estefanía Uberti y Matías César, que son diversos porque tienen participaciones en distinta cantidad de hechos cada uno. En el caso de Lucía Uberti también hay distintos hechos que se le atribuyen, porque además de los hechos de ataques a edificios de jueces y edificios del Poder Judicial, se le atribuye una extorsión y una tenencia de arma de guerra”.

El hecho común es amenazas calificadas por ser anónimas, por uso de arma de fuego y por tener como objetivo alguna concesión de algún miembro del poder público. Esto se concursa idealmente con un daño calificado que tiene el mismo destino, esto de compeler a un funcionario público a tomar determinada decisión”, explicó el fiscal y siguió: “Tenemos también los casos de Delgado y Olivera, a quienes se les pidió 13 años de prisión de ejecución efectiva por considerarlos instigadores de tres de estos hechos que describimos. En el caso del acusado Chávez, la pena es de 9 años y 6 meses por ser instigador de uno de esos ataques”.