En abril del año pasado ante el cierre inminente y después de varias ofertas de compra fallidas, un grupo de concesionarios de cosechadoras bajo la presidencia de Néstor Girolami se hizo cargo de la histórica industria del sur santafesino. La gestión anterior había acumulado una deuda de 12 millones de pesos con los trabajadores que se pagaron en un lapso de 17 meses en cuotas acordadas.
Bajo esta crisis, en el mes de julio de este año se celebró un convenio con la UOM Rosario y municipio de la ciudad de Firmat donde la empresa se comprometía a no despedir a ningún trabajador hasta el 31 de diciembre. El acuerdo tiene como cláusula que ninguna de las partes puede tomar decisiones sin consultar, aunque quedó abierta la posibilidad de que los trabajadores se acojan al retiro voluntario.
Actualmente trabajan 500 operarios y según el presidente de la firma, las personas necesarias serían 300. En 2007, la empresa fabricaba 600 cosechadoras por año y hoy redujo su producción un 20%. Esto es a raíz de la caída de un convenio con Venezuela, que se había comprometido a comprar los productos terminados de la fábrica y no fue así. Esta empresa, que además es el único fabricante de cosechadoras de capitales nacionales, constituye la principal fuente de empleo de la ciudad, por lo que resulta vital para la economía local y regional.
Según Girolami tuvieron problemas con los trabajadores en estos últimos días y pararon porque querían saber si iban a cobrar. El empresario dijo que uno de los delegados tomó la decisión de convocar a una reunión sin consultar y desobedeciendo las órdenes de los jefes de sector.“Como a los delegados no se los puede sancionar ya que primero hay que hacerles el desafuero, pronto presentaré ante la justicia una demanda para el desafuero de uno de los delegados y de dos integrantes de comisión directiva del gremio”, dijo.
«Yo lo que veo es que esta fábrica estuvo históricamente tomada por la UOM y la anterior administración por miedo a amenazas de que van a quemar gomas en la ruta. A mí que no me paren la fábrica y si me la paran que sea con la medida conjunta como dice la ley», advirtió.
Hasta ahora se suspendieron 20 trabajadores por causas disciplinarias, que según el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario, Pablo Cerra, “son totalmente falsas”. El abogado además agregó: “Alcanza con leer los telegramas. A todos les imputan el mismo error que justifica la sanción. Es absurdo».
En ese marco, Cerra acusó a los dueños de la fábrica de violar el acuerdo antes citado. Con las nuevas suspensiones, el gremio presentó una denuncia por incumplimiento en la delegación rosarina del Ministerio de Trabajo, donde ayer se realizó una audiencia en la que los directivos estuvieron ausentes.
Tras la misma, el Ministerio resolvió fijar una nueva fecha para la audiencia, prevista para este viernes a las 11 en la sede del organismo estatal. Asimismo, Cerra aclaró que los trabajadores no tomarán medidas de fuerza hasta la próxima audiencia.
