Ismael Jalil, abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), opinó en CNN Radio sobre la muerte del joven de 17 años, Lucas González, baleado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en medio de un confuso episodio: “Desde el aspecto estrictamente técnico, tenemos un hecho vulgarmente conocido como gatillo fácil”.
En diálogo con Al Fin y Al Cabo, el abogado explicó que este caso implica “un homicidio agravado por la condición de policía en abuso de su función, con un destino de prisión perpetua para quienes lo perpetraron”.
“Más allá del encubrimiento o el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la falsedad ideológica de actas que tienen que ver con todo lo que vino atrás”, añadió. “Acá tuvieron la necesidad de plantar un arma de plástico. Uno de los ejemplos más burdos que se reconocen en hechos de gatillo fácil”.
La versión oficial indicó que el menor fue herido tras ser perseguido por los efectivos mientras circulaba a bordo de un auto Volkswagen Suran, en el que viajaba junto a dos amigos.
Según expresó Jalil, en el caso “quedó muy claro que ni Lucas ni sus otros compañeros estaban vinculados a ninguna actividad ilícita, pero si así incluso lo hubiera estado también se estaría violando la ley”.
“La Argentina tiene suscripto convenios internacionales, nacidos en las Naciones Unidas, que ordenan que el uso de la fuerza por parte del Estado, en usos de arma de fuego, sea de una excepción excepcionalísima”, culminó.
