Con la participación de expositores invitados de distintos sectores del mercado inmobiliario, el Senado debatía esta tarde la reforma de la Ley de Alquileres, luego de la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio con la ayuda de otras bancadas de la oposición.
El plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto recibía esta tarde a representantes de colegios inmobiliarios, de asociaciones de propietarios, martilleros públicos y desarrolladores urbano, en tanto que este jueves volverá a reunirse para escuchar la voz del sector de los inquilinos.
Tras unas palabras introductorias del presidente de Legislación General, Daniel Pablo Bensusán, abrió la ronda de oradores Virginia Manzotti del Consejo Federal de Colegios inmobiliarios, quien alertó sobre el retiro masivo de viviendas del mercado de alquileres producto de la incertidumbre vinculado al posible cambio regulatorio.
«A través de un centro de estadísticas inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles que s han retirado del mercado», indicó, y advirtió que «hay muchísimos inquilinos que no tienen vivienda y que no saben donde van a ir a vivir».
Manzotti explicó que las insinuaciones de algunos dirigentes nacionales respecto a una posible derogación de la norma vigente provocó que «muchos propietarios frenaran sus contratos» y esperaran.
La misma situación se repitió con la media sanción en Diputados, que generó «un retiro muy importante de alquileres porque (los propietarios) están esperando la resolución del Senado de la Nación».
«Queremos que sea una ley lo más justa que se pueda», afirmó, y apeló a «la celeridad para que pronto tengamos una solución».
«O por sí o por no, pero estamos en un vacío que provoca que los propietarios sigan esperando y saquen sus inmuebles. Esto se está agravando cada vez más», lamentó Manzotti, que detalló que desde mediados del 2021 hasta la actualidad el aumento promedio de los alquileres fue del 232%.
En la misma sintonía, el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, Emilio Caravaca Pazos, advirtió que «la media sanción en Diputados ha generado una situación de total incertidumbre en propietarios e inquilinos, por lo que hizo un «llamado a la celeridad en el tratamiento de este tema» por «la urgencia que requiere» resolverlo.
«Es importante dar celeridad, establecer los cambios que sea necesarios para poder lograr una ley que cubra y contemple las necesidades de las partes pero que tenga en cuenta l que se generó con la ley actual. Hemos expuesto que si cada doce meses o 14 meses hay que hablar del tratamiento de la ley, evidentemente algo no está funcionando y está generando un perjuicio en la sociedad», reflexionó.
Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, enfocó en otro aspecto que guarda relación con este vacío que genera la falta de cumplimiento de la ley vigente.
«Al tener incertidumbre respecto de la ley de alquileres, no se están comprando departamentos en pozo y quizás esto no sea un inconveniente inmediato, pero a mediano y largo plazo, si no se construye, va a haber menos oferta aún», apuntó.
A su turno, el presidente del Colegio Profesional de inmobiliarios de Córdoba (CIP), Alejandro Hadrowa, se mostró partidario de avanzar con la media sanción de Diputados, y si bien remarcó que «quizás no sea la mejor ley», resulta necesario «una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado».
«Si dejamos la actualización cada cuatro meses, muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado anual», señaló como uno de los puntos a favor de la iniciativa opositora.
Además de la media sanción venida en revisión de Diputados, están a la vista de las comisiones otros proyectos como el de la senadora riojana Clara Vega, el de la misionera Magdalena Solari Quintana, el del radical riojano Julio Martínez, el del oficialista misionero Maurice Closs y el de la radical santafesina Carolina Losada, quien propone la derogación la normativa vigente desde el 2020.
La modificación de la Ley 27.551 que llega con media sanción de Diputados, que la oposición logró imponer dos semanas atrás con una mayoría ajustada de votos, propone reducir a dos años la duración de los contratos, con indexación cuatrimestral de los precios (hasta tres actualizaciones por año) y deja liberado al acuerdo entre las partes el parámetro que se tome para efectuar esos ajustes, pudiendo elegir a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o una combinación de dichos índices.
Uno de los puntos que el Frente de Todos no está dispuesto a negociar tiene que ver con los tres años de duración de los contratos que consagra la ley actual.
Consideran que volver a los dos años de plazo solo contribuiría a generar inestabilidad en las familias de inquilinos, impidiéndoles la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida.
También cuestionan la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados, el tratamiento similar a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales (donde consideran que no hay conflictividad), y la falta de una referencia para establecer los montos de los alquileres.
Este último punto es una preocupación compartida con Unidad Federal, el bloque de seis senadores del peronismo disidente, que está conformado por Guillermo Snopek, Eduardo Kueider, Carlos «Camau» Espínola, María Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo.
Sin el apoyo de Unidad Federal, se disipan las chances de que Juntos por el Cambio consiga los 37 votos que hace falta para aprobar la iniciativa venida de Diputados.
